La guerra en el PP alcanza un punto de inflexión. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado la apertura de un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "para culminar las averiguaciones" relacionadas con el contrato adjudicado por el Ejecutivo madrileño a una empresa relacionada con el hermano de la presidenta. Tampoco ha descartado si dicho expediente podría terminar con la expulsión de Ayuso del PP.
"Mi primera obligación desde que asumí el cargo es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha. Que todos los cargos están comprometidos con la ejemplaridad y la transparencia", ha arrancado García Egea, que ha afirmado que Ayuso "ha reconocido pagos" a la empresa relacionada con su hermano, Priviet Sportive S.L., administrada por Daniel Alcázar Barranco, hermano de la infancia de la presidenta.
Previamente, la líder del Ejecutivo madrileño había acusado a Pablo Casado y la dirección nacional del PP de perseguirla por su tirón electoral: "Me están haciendo pagar tener 65 escaños", ha asegurado en una intervención en la Asamblea de Madrid. Luego, en rueda de prensa, ha incidido: "El hecho de preparar un dosier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente".
Isabel Díaz Ayuso defiende que el contrato "está firmado y promovido por un médico, que era el máximo responsable asistencial del SERMAS (el sistema sanitario madrileño de salud). Fue fiscalizado por la intervención general. Esta colgado en el portal de transparencia". Una última afirmación sobre la que, sin embargo, cabe destacar que no aparecía en este portal hasta que fue reclamado por un periodista de El Diario para una información sobre él.
En una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, Ayuso ha afirmado: "Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiar a mi hermano o a alguien de mi entorno personal como siempre se dice de manera maliciosa. Porque no tendrá nadie una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola prueba".
García Egea, por su parte, señala que las presuntas irregularidades del contrato llegaron a Génova y que "posteriormente, conocimos que estaban en manos de la oposición y de determinados medios de comunicación". Fue en ese momento cuando llamaron a Ayuso para que "aportara más información", algo que quedó en el aire: "Hasta hoy. No hemos recibido ninguna aclaración".
Génova cifra la comisión en 280.000 euros
La dirección del PP concreta la comisión que habría cobrado, supuestamente, el hermano de la presidenta madrileña: 280.000 euros, según ha declarado una fuente de la dirección nacional al diario ABC. Ayuso conocía esta información porque se lo dijo Pablo Casado en septiembre, tal y como ha explicado la presidenta, "cuando acudí a verle para hablar de mi deseo de ser presidente del PP de Madrid".
Siempre según Ayuso, Casado le explicó que estas informaciones habían partido del Palacio de La Moncloa, según le habría confesado Pablo Casado, algo que el Gobierno niega en rotundo. Fue entonces cuando asegura que trató el asunto con su hermano y le afirmó que todo estaba en regla.
En cuanto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso ha mostrado su confianza en su papel ("Me creo sus palabras") y afirma que le "cuesta creer" que haya participado, después de "todo lo que hemos luchado juntos". Génova, por su parte, contrapone la dejadez de Ayuso que le achacan a la hora de aclarar los contratos con el compromiso que sí vieron en Almeida al respecto.
Acusaciones de espionaje
El 'divorcio' llega después de que El Confidencial haya desvelado que varios cargos del Ayuntamiento de Masdrid, entre los que se encontrarían Ángel Carromero, sondearon a varios detectives para investigar si dicho pago se habría producido y recoger material que pudiera incriminar a Ayuso.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegura que tuvo noticia a finales del año pasado de que se podrían haber contratado investigaciones con dinero de una empresa pública, algo que finalmente no sucedió.
El PP también habría intentado efectuar ese contrato de espionaje por su cuenta, pero no llegó a tal extremo por el elevado importe que implicaba y las elevadas posibilidades de que la noticia finalmente llegara a oídos de la prensa o de la propia Ayuso, algo que sin embargo finalmente sucedió.
Bajo estas guerras, también se encuentra la sombra del poder en el Partido Popular, bajo el mantra de que la operación se pudiera haber ejecutado con el objetivo de desactivar a rivales internos de Pablo Casado, en un momento en el que Ayuso había acumulado mayor popularidad y surgían críticas internas por su estrategia de oposición al Gobierno.
Esta versión fue la que se atribuyó a la negativa de adelantar el Congreso Regional del PP que daría el control del partido a la presidenta madrileña, algo que niega Teodoro García Egea, que ha justificado esta decisión en la necesidad de cumplir plazos y, también, eliminar cualquier sospecha que pudiera dañar al partido.
