La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido mantener en libertad provisional a Antonio Manuel Guerrero, miembro de 'La Manada' que intentó renovar el pasaporte pese a tenerlo prohibido por decisión de este mismo tribunal. En un auto hecho público, rechazan así la solicitud de la fiscalía y las acusaciones que habían reclamado su reingreso en prisión "ante el riesgo de fuga manifestado".
La resolución cuenta con el voto particular discreparte del presidente de la Seeción Segunda de la Audiencia, que aboga por el encarcelamiento de Guerrero al considerar que quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto dicrado el pasado 21 de junio en el que los cinco mimbros de 'La Manada' obtuvieron la libertad provisional bajo pago de 6.000 euros de fianza.
En la vista celebrada el pasado 5 de julio, la fiscalía, la acusación particular que representa a la víctima, y las dos accusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, consideraron que el intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares y, por tanto, el condenado debería ingresar en prisión por riesgo de fuga.
"Estamos satisfechos dentro de la cautela que hemos tenido siempre respecto de esta situación", ha declarado El Mundo el abogado de Guerrero, Jesús Pérez. El letrado siempre sostuvo que lo sucedido se debió a un malentendido. El guardia civil, según su defensa, acudió a solicitar un nuevo pasaporte porque no encontraba el suyo y debía entregarlo para cumplir con las medidas cautelares establecidas.
A la espera de la resolución
Los cinco miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, quedaron en libertad el 22 de junio tras abonar cada uno los 6.000 euros de fianza impuesta. Esta decisión también contó con el voto particular del presidente de la Sección Segunda, partidario de la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses.
Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la mencionada fianza, el tribunal impuso a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia, la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid, donde residencia la víctima, con la que también tiene prohibido comunicarse por cualquier medio o procedimiento, la retirada del pasaporte y la prohibición de obtenerlo en un fututo, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto.
El 18 de julio el tribunal ratificó su decisión de mantener a los condenados en libertad tras desestimar los recursos interpuestos por las acusaciones. Habrá que esperar a finales de septiembre, cuando se calcula que el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), compuesta por cinco magistrados, decidirá sobre los recursos interpuestos contra la sentencia propiamente dicha.
