El horizonte judicial de Esperanza Aguirre se complica. A pesar de que la expresidenta madrileña no se encuentra procesada formalmente por ninguno de los múltiples casos de corrupción que crecieron bajo su Gobierno, la Guardia Civil la ha señalado por primera vez como una de las posibles ejecutoras directas en las corruptelas madrileñas. El PP actual ya se ha desentendo y la candidata actual, Isabel Díaz Ayuso, se ha limitado a decir que las acusaciones "corresponden a un sumario de una etapa de hace dos o tres legislaturas, donde cada protagonista tendrá que dar sus explicaciones, como están haciendo".
Los agentes aseguran en su informe que Aguirre participó en reuniones de altos cargos de su Ejecutivo, en las que se estarían amañando contratos para favorecer a un empresario que participó en sus campañas electorales de 2003 y 2007. Así aparece en el sumario de la Trama Púnica, en la que ya se encuentran inmersos los que ejercieron como 'mano derecha' y 'mano izquierda', Francisco Granados e Ignacio González.
El informe, incluido en la causa el pasado 25 de marzo pero ahora ve la luz, incluye un total de 205 folios y 14 tomos anexos, donde se analizan "las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas" con las sociedades de marketing y publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, según publica el diario El País.
Mercado, ya imputado en Púnica, habría sido el máximo beneficiado de esta supuesta política de favores: sus empresas llegaron a recibir contratos con un valor superior a los 7,4 millones de euros públicos.
Habrían modificado la ley para gestionar los contratos
La ley regional que el Gobierno de Aguirre se encontró al llegar a la Puerta del Sol dificultaba este tipo de contratos. Pero ello no fue impedimento: en 2006 se modificaron varias normas para que cualquier adjudicación, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad de Madrid, necesitase la "autorización previa" de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, entonces ocupada por el que fuera sucesor de la expresidenta, Ignacio González.
Con este cambio en la gestión, la Comunidad de Madrid estaría garantizando que cualquier contrato firmado por sus organismos, incluso autónomos, fuera finalmente canalizado por las empresas de interés particular de la cúpula del PP madrileño, según se señala en el informe.
Además, para facilitar los trámites, se impartieron supuestas "instrucciones precisas" a varios consejeros con el fin de dirigir directamente las ofertas a las empresas señaladas. En el informe aparecen las siguientes: Over Marketing y Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing y Link América. Todas eran propiedad de Mercado, el empresario que se señala repetidamente en la trama.
Todos estos cambios se habrían gestionado en varias reuniones cuyas fechas, por el momento, no se han podido concretar. Según el informe, habrían participado en ellas la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, sus hombres de confianza Ignacio González y Francisco Granados; Alberto López Viejo -en prisión por Gürtel y muy distanciado de la exdirigente- y el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela. También aparecen allí la propia responsable de la comunicación de Aguirre, Isabel Gallego -también señalada en algunas tramas- y el propio empresario que, supuestamente, habría salido beneficiado.
La presencia de Aguirre en esas reuniones queda acreditada, por el momento, por el exconsejero Lamela y el propio empresario Daniel Horacio Mercado. Aguirre, sin embargo, niega que hubiese participado en el supuesto amaño de los contratos dependientes del Gobierno que ella misma encabezaba.
Promociones de hospitales y centros médicos
Los encuentros tuvieron unos réditos muy beneficiosos para todas las partes, según se señala en el informe. Según Lamela, "se impartieron instruccioens precisas para que se incluyera a Over en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación".
Lamela ha admitido que dio instrucciones al técnico que dependía de él y, a partir de ese momento, las cuatro empresas del empresario se hicieron con los suculentos contratos para la promoción de la construcción de una decenda de hospitales y centros médicos, así como otro tipo de campañas publicitarias en materia sanitaria.
Sin duda, un negocio que además permitía hacer gala de la gestión de Aguirre, muy centrada entonces en la construcción de hospitales de gestión privada que ahora suponen un agujero para las arcas madrileñas. Los agentes aprecian delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
Mercado ha señalado también a Aguirre y ha asegurado que el Gobierno le prometió que le recomensaría con contratos públicos por sus esfuerzos en las campañas electorales del PP. Solo con este sistema y en la campaña de 2007, según la Guardia Civil, su empresa Over llegó a embolsarse 88.708 euros.
Regalos de lujo para Aguirre y Cifuentes
El informe de la Guardia Civil también señala toda una red de favores con la que el empresario quería garantizar su buena relación con los responsables políticos de la Comunidad de Madrid.
El escrito menciona una larga lista de regalos, entre cuyos receptores aparecen la presidenta Esperanza Aguirre, el vicepresidente Ignacio González, la práctica totalidad de consejeros del Gobierno y también Cristina Cifuentes, que entonces ejercía como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid (donde también ha sido señalada por presuntas irregularidades en el contrato de gestión de la cafetería).
Los regalos incluían todo tipo de beneficios: asistencia al palco VIP del Open de Madrid de Tenis, bolsos, monederos y corbatas de Louis Vuitton, Loewe y cajas de vino. La naturaleza de esta generosidad se complementaba con una lista en la que el empresario dividía a los receptores en tres categorías: VIP, A (Alto), M (Medio) y B (Bajo).
Entre las prebendas, destacan las que presuntamente recibió Aguirre (un paquete especial de la floristería madrileña Alfabia), sus dos secretarias (un regalo "especial" de Loewe) y el 'mirlo blanco' del PP, Cristina Cifuentes, que habría obtenido el mismo regalo de Loewe.
