La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años en la localidad valenciana de Crevillent por un delito de maltrato animal con resultado de muerte. El acusado ató a un árbol a su perro, desnutrido y le dejó morir por deshidratación. Las autoridades ya han decretado libertad provisional con cargos tras pasar a disposición judicial.
El animal fue hallado en la finca de su propiedad, sin comida, sin agua, en estado famélico, deshidratado y con una tumefacción sanguinolenta, tal y como reza el atestado de la Guardia Civil.
Su detención ha sido posible gracias a la denuncia de una asociación animalista de Crevillent, que denunció la presencia en una finca de la localidad de cuatro perros de diversas razas "en unas condiciones alimenticias e higiénico-sanitarias deplorables", tal y como han asegurado en una nota de prensa.
Los agentes de la Benemérita se desplazaron a la zona junto al propietario de la finca y los responsables de dos asociaciones animalistas. Allí pudieron comprobar las lamentables condiciones en las que se encontraban los animales.
Inmediatamente, el perro fue trasladados de urgencia por el servicio veterinario de una de las protectoras. Allí intentaron salvar su vida, pero fue imposible: falleció a las pocas horas.
Los médicos aseguraron que el animal murió como consecuencia de su avanzado estado de deshidratación, hipotermia y semicoma, según ha indicado la Guardia Civil, en mención al informe emitido por los veterinarios.
El atestado de la Guardia Civil también destaca que "ninguno de los perros poseía la documentación administrativa necesaria, ni seguimiento veterinario alguno", lo que evidencia un estado de abandono inhumano.
La Justicia le dejará mantenerse en libertad provisional, mientras que le cede la custodia de los otros tres perros con los que vivía. Se le imputa un delito de maltrato animal con resultado de muerte.
Primera prisión por maltrato animal
El maltrato animal conlleva penas irrisorias en España, aunque la legislación avanza. El pasado mes de noviembre se produjo la primera pena de prisión efectiva por un delito de este tipo: tres años y nueves meses de prisión para la dueña de una protectora que exterminó a 2.200 perros y gatos.
Según declaró durante el juicio un veterinario que trabajó en la protectora, lo que pasaba allí podía calificarse de "auténticas sesiones de exterminio". Él mismo decidió grabar lo que ocurria en la protectora para tener pruebas de sus acusaciones, encontrándose con un "patio lleno de perros muertos".
La propia presidenta de la protectora suministraba a los animales productos eutanásicos en dosis más bajas a las recomendadas para ahorrar dinero. Además, los pinchaba como podía o les administraba el producto por vía oral, un uso nada recomendado. Los gritos de los animales, que sufrían una muerte lenta y dolorosa, eran cubiertos poniendo música a un volumen muy alto en la megafonía.
Toda esta tortura ha sentado un precedente que ahora podrá servir para que el dueño de este animal ingrese, quizás algún día, en prisión.
