El exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha pedido la comparecencia como imputados en la trama Púnica de Esperanza Aguirre, Ignacio González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Granados considera que los tres podrían estar vinculados a la trama que presuntamente financió las campañas de la formación regional con dinero negro, tal y como relata en un documento al que ha tenido acceso el diario Público. Las últimas informaciones apuntan a que la cantidad superaría el millón de euros, tal y como relató Los Replicantes.
La situación más complicada se presenta, en este caso, para la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. La defensa de Granados ha pedido que se cambie su declaración de testigo a imputada por haber ejercido como secretaria de Política Territorial del PP de Esperanza Aguirre entre los años 2004 y 2008.
Durante el mencionado período, la Comunidad de Madrid desvió fondos a través de la fundación Fundescam, con el objetivo de pagar la campaña del presidente Mariano Rajoy. En concreto, el dinero supuestamente malversado sirvió para pagar publicidad exterior, banderolas, trípticos y hasta el telepronter.
Si la petición prospera, la presidenta regional debería de abandonar su cargo tal y como apunta el paquete de medidas que se firmó con Ciudadanos para garantizar la investidura en el Parlamento madrileño.
Por otro lado, el exnúmero dos de la Comunidad pide también la imputación de quien fue considerado como su mano derecha, Esperanza Aguirre, a tenor de las investigaciones de la financiación de la campaña del PP regional que ella presidía y que infló sus gastos de campaña en los comicios de 2007 y 2011.
Por último, Granados también pide la imputación en esta causa de Ignacio González, en prisión por las irregularidades en su gestión al frente de la empresa Canal de Isabel II, y otros pesos pesados del aguirrismo como la exconsejera de Educación, Lucía Figar; el exconsejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola; Ana Isabel Mariño, exconsejera de Medio Ambiente y expresidenta de Arpegio o el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría.
El cambio de criterio llega después de que el investigado Miguel Ángel Ruiz (exconsejero de Medio Ambiente) haya revelado, junto con el empresario Marcelino Luis Elosua de Juan y su esposa Maria; que la empresa Laboratorio Almagro 26 (gestionada por el matrimonio), poseía una cantidad de 200.000 euros que supuestamente habían sido malversados de la caja B del PP de Aguirre. El dinero fue interceptado en la frontera francesa por las autoridades.
Con este gesto, Francisco Granados continúa con su colaboración con la Justicia, intensificada tras la caída de Aguirre, tras su dimisión al frente del PP en el Ayuntamiento de Madrid a causa de la imputación de González.
Precisamente, el propio Ignacio González también ha implicado a la expresidenta regional en un presunto delito de prevaricación y malversación tras asegurar que cambió el régimen del proyecto del Canal Golf para favorecer un desvío de fondos a las cuentas de su sucesor en el cargo.
