La Dirección General de Fondos Europeos del actual Gobierno balear del PP, liderado por Marga Prohens, ha ordenado descertificar el gasto de las mascarillas fraudulentas compradas por parte del Ejecutivo anterior de Francina Armengol (PSOE) a la empresa vinculada al 'caso Koldo'.
Según ha explicado el vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern de Baleares, Antoni Costa, esa "descertificación" no implica devolver automáticamente a la Unión Europea los fondos con los que Bruselas financió esa compra de 3,7 millones de euros, pero sí hará que el dinero se descuente de futuros pagos. Es decir, en la practica supone renunciar a esos fondos europeos.
El expediente iniciado, ha señalado, se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica. "Hay riesgo de parálisis de futura financiación con fondos Feder", ha advertido Costa.
El Gobierno balear ha solicitado su personación en el 'caso Koldo' abierto en la Audiencia Nacional, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas en dos Ministerios y dos Comuniades Autónomas, y pretende reclamar la totalidad del dinero pagado a la empresa en aquella operación
Cronología
Desde el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), el Gobierno de Armengol, hoy presidenta del Congreso de los diputados, compró a la empresa Soluciones de Gestión en abril de 2020 casi un millón y medio de mascarillas FFP2, por valor de 3,7 millones de euros, destinadas a personal sanitario. Sin embargo, las que llegaron fueron de tipo quirúrgico, por lo que fueron almacenadas.
Según la versión ofrecida por Antonio Costa, un mes más tarde, el Servicio Balear de Salud trasladó por correo electrónico a la dirección general de Fondos Europeos del Gobierno autonómico una veintena de expedientes tramitados por procedimiento de emergencia para que se valorase la posibilidad de que fueran financiados con fondos Feder.
La Dirección General de Fondos Europeos verificó el pago y determinó que el gasto de 3,7 millones de euros de las mascarillas podía ser financiado con fondos europeos. No obstante, Costa señala que en el expediente no figuraba los resultados de los análisis de las mascarillas que dictaminaba que no eran aptas para los sanitarios.
Ya en diciembre, el Servicio Balear de Salud solicitó la financiación de este gasto. Bruselas certificó que la compra se había ejecutado y el material había sido recibido, por lo que se aprobó el pago de los 3,7 millones.
No fue hasta 2023 cuando el Gobierno de Armengol inició el expediente de reclamación a la empresa para la devolución de 2,6 millones de euros, a razón de la diferencia que había pagado de más por las mascarillas al haberse tratado de quirúrgicas y no de las FFP2 por las que se había pagado. No obstante, ahora los socialistas sostienen que el Ejecutivo de Prohens ha dejado caducar este procedimiento sin llevarlo a término.
