El Gobierno del Partido Popular gastó 500.000 euros de los fondos reservados entre los años 2013 y 2015 con destino a la denominada operación Kitchen. En ella, el comisario Villarejo y el resto de la policía política supuestamente espiaron a Bárcenas con el objetivo de recuperar y destruir pruebas que pudieran comprometer al partido.
La información aparece reflejada en una serie de documentos todavía secretos a los que ha tenido acceso en exclusiva la Cadena SER. En ellos, aparece el entonces secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, como la persona que aprobó los fondos destinados a la citada operación.
El dinero fue destinado, supuestamente a varias finalidades. Entre ellas, el pago de un soborno al exchófer de Bárcenas, Segio Ríos, con la instalación de todo un arsenal de espionaje en el domicilio de la familia, que se ubica en la calle General Díaz Porlier, en pleno barrio de Salamanca.
El operativo estaba destinado, principalmente, a localizar toda la documentación que Bárcenas escondía en esta vivienda. Con ese objetivo, se realizaron seguimientos a toda la familia del extesorero popular, incluida la empleada del hogar que entonces tenían contratada.
Con este dinero, además, los investigadores creen que se pagó un secuestro. En concreto, el falso cura que atacó a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas con el objetivo de llevarse la caja con todas las pruebas de una contabilidad paralela en el partido. El falso cura ya no puede corroborar estos hechos porque un ictus reciente ha mermado por completo todas sus capacidades para la interlocución.
El plan se había mantenido en secreto y solo estaban al corriente un grupo de agentes, liderados por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Oficialmente, estos "operativos ciegos" se escondían como tareas de auxilio al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, precisamente el que estaba investigando la causa contra el PP.
Falta de control
El uso de fondos reservados aparece contemplado y delimitado de manera clara en la ley 11/1995. En ella se señala que su uso depende de un "especial sistema de justificación y control" y que solo se pueden emplear en la "defensa y seguridad del Estado".
La ley señala qe el suo de estos fondos depende de las deliberaciones del ministro del Interior. La persona que entonces ocupaba el cargo era Jorge Fernández Díaz, grabado por una conversación con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña en 2016 con una conversación que finalmente terminó con su carrera política.
Estos no son los únicos requisitos que se circunscriben a los fondos reservados. Además, la ley señala que el ministro tiene la "obligación" de informar "semestralmente" sobre el uso de estos fondos en la comisión del Congreso sobre secretos oficiales. Este caso no se produjo, ya que no había constancia sobre todo lo que había sucedido hasta la fecha.
Ahora, las investigaciones intentan averiguar si el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros tuvieron constancia entonces de todo lo scuedido, ya que la ley también señala que deben ser informados "periódicamente" sobre estos hechos.
