La actual situación política que se vive en España ha dejado un panorama inédito: la izquierda está haciendo una demostración de unidad inédita mientras que la derecha se dedica a desangrarse en todo tipo de batallas internas.
La actual 'italianización' de la política, con parlamentos sumamente fragmentados y gobiernos de coalición obligados a hacer todo tipo de pactos para sacar hacia adelante sus proyectos legislativos, ha llevado a cambiar por completo la forma de hacer política en nuestro país.
El paradigma de la coalición que existe en estos momentos se encuentra en el Gobierno central, donde PSOE y Unidas Podemos han conseguido alcanzar el Palacio de la Moncloa con el primer Ejecutivo de estas características.
Pero su caso no es único. La gran mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas de nuestro país se están rigiendo actualmente con este formato. Uno de los más mediáticos es Madrid, donde la derecha quiere retornar al 'laboratorio de ideas' que el aguirrismo exhibía frente a Zapatero para mostrar cómo gobernaría la derecha.
El gobierno de la Comunidad de Madrid es la pantalla sobre la que Pablo Casado quiere exponer toda su oposición a Pedro Sánchez a través de sus políticas en materia de impuestos y servicios sociales.
Sin embargo, en este caso, vamos a analizar cómo se están articulando estos gobiernos. ¿Funcionan las coaliciones a izquierda y derecha? ¿Cuál es el modelo a seguir?
Gobierno de España PSOE y Unidas Podemos
La coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apenas lleva dos meses en funcionamiento, sin embargo, su construcción incluye un arduo trabajo de fontanería ejercido en un primer momento, principalmente, por María Jesús Montero, Adriana Lastra, Ione Belarra y Pablo Echenique.
El gran período que ha habido para las negociaciones (incluida una repetición electoral), así como el miedo a unos terceros comicios; han llevado a un pacto con una gran cantidad de aristas. En él, se han incluido hasta los canales en los que gestionar cada tipo de discrepancia y la coordinación entre ambos partidos. Un plan en el que queda muy poco espacio para la improvisación y en el que ha tenido mucha capacidad de influencia (si no toda), el asesor del presidente, Iván Redondo.
Todo ello ha llevado a que el primer mes de gobierno, la maquinaria haya aparentado mostrarse 'engrasada'. Los técnicos de los ministerios aseguran que hay sentimiento de que los miembros morados "siempre estuvieron ahí". El Ejecutivo ya ha aprobado una subida del salario mínimo y varios proyectos de ley en materia educativa, muerte digna o laboral.
Sin embargo, la ley de libertad sexual ha exhibido que la 'idónea cohabitación' entre ambas fuerzas, no lo es tanto. Las dos formaciones que componen el Ejecutivo quieren capitalizar el movimiento del 8 de marzo con visiones sobre la norma del 'solo sí es sí' que difieren en las formas y en los tiempos.
Tras unos días en los que la tensión ha saltado en cierta medida a los medios de comunicación (con Pablo Iglesias llamando de forma velada "machista frustrado" al titular de Justicia Juan Carlos Campo), Pedro Sánchez ha actuado por intervenir de urgencia: convocando una mesa de análisis del pacto para solventar las diferencias en privado y volver a exhibir unidad de acción.
Esta es solo una de las soluciones que se pactaron durante los acuerdos entre ambos partidos. La forma en la que se gestione esta crisis permitirá comprobar hasta qué punto el gobierno de coalición es un modelo a seguir en el futuro.
Sin embargo, la situación se antoja mucho más complicada en el futuro. Sobre todo, por el necesario entendimiento con las formaciones nacionalistas para aprobar futuras leyes en el Congreso de los Diputados o los Presupuestos. Por el momento, el Ejecutivo se mantiene ajeno a las críticas y no duda en dialogar con estas formaciones, aunque las líneas rojas podrían dinamitar el futuro del Ejecutivo.
El Gobierno, independientemente, tiene un punto a favor: que Bildu y ERC hayan optado por la vía peneuvista, es decir, abandonar la unilateralidad en sus planteamientos para dirigirse hacia un marco de cierta colaboración con el Estado, exprimir al máximo los márgenes del autogobierno y llevar a la práctica la independencia con una lista cada vez mayor de competencias. Al PNV, por el momento, parece funcionarle.
Comunidad de Madrid PP y Ciudadanos
El caso de la Comunidad de Madrid es contrapuesto, por el cierre de la coalición, pero también por el contexto de pleno cambio que actualmente vive el arco de la derecha en nuestro país.
El Ejecutivo de Díaz Ayuso, una coalición con Ciudadanos sostenida por VOX en el parlamento, todavía no ha aprobado ninguna ley en siete meses de gobierno. El único anuncio efectivo realizado desde la Puerta del Sol ha sido la inclusión de la tercera hora semanal de Eduación Física en los colegios. Los presupuestos, además, están prorrogados y la presidenta se ha visto obligada a ejecutar un recorte de 145 millones de euros para hacer encaje de bolillos porque no tiene las cuentas actualizadas.
Los equipos de Ayuso y Aguado, además, han exhibido sus diferencias. El problema: que la portavocía del Ejecutivo está en manos de los naranjas. Esto ha llevado a que el PP se haya esforzado en 'pisar' las ruedas de su vicepresidente, Ignacio Aguado (líder regional de Cs), lo que ha generado un malestar que el partido no ha ocultado.
Por si todo fuera poco, la ausencia de vetos que no se pactaron durante las negociaciones han llevado a sumar a personas que acumulan rencillas personales entre ellas. Sobre todo el actual jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, conocido por llamar públicamente "mierda" al consejero de Transportes (Ángel Garrido) y destapar supuestos chanchullos de Ignacio Aguado. El propio Aguado anunció su malestar con este nombramiento en rueda de prensa: un portavoz del gobierno criticando las decisiones del gobierno ante la prensa y con la presidenta con cara de circunstancias.
Los miembros del gobierno tampoco parecen mantener una misma visión sobre su necesaria relación con VOX. Mientras que Ciudadanos quiere exhibir un veto permanente a este partido, el PP no tuvo problema en pactar con la ultraderecha su último decreto de rebajas fiscales: a cambio de reducir presupuesto a organizaciones sociales. Ciudadanos ha votado en contra de la medida de su presidenta y finalmente la propuesta ha decaido. Con un mensaje que preocupa: el PP está acordando cosas que no contempla su socio de gobierno. Y sin VOX, el gobierno nunca podrá funcionar.
Además, las tornas han cambiado especialmente desde que se celebraron elecciones autonómicas. VOX, que no está en el gobierno, cuenta con una representación ajustada a la época en la que el partido era quinta fuerza política de España. Ciudadanos, la misma que cuando competía con el PP por liderar el centroderecha. Ahora todo ha cambiado: los naranjas luchan por sobrevivir mientras que la ultraderecha podría verse especialmente beneficiada por una repetición electoral, aún con Rocío Monasterio en la picota por su peculiar carrera como arquitecta.
Ayuntamiento de Madrid PP y Ciudadanos
El caso del Ayuntamiento de Madrid, con menor proyección mediática, sí está suponiendo un mejor funcionamiento para la coalición de PP y Ciudadanos. En ello también ha sido imprescindible el papel de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, que han realizado un profundo papel en el que delimitan sus actuaciones de trabajo.
La relación entre ambos es más fluida que en el caso de la Comunidad, lo que no ha impedido que Villacís haya tumbado y criticado públicamente algunos decretos propuestos por su propio alcalde, como la realización de un macroaparcamiento en el parque del Retiro con 1.140 plaza destinadas al vehículo privado.
Es cierto que un Ayuntamiento tiene menores exigencias políticas que la Comunidad, aunque PP y Ciudadanos han rechazado algunas de las propuestas ideológicas de VOX como declarar a la capital 'Municipio por la vida' y luchar institucionalmente para frenar abortos, algo que no sucede en todas las plazas donde gobierna el PP.
