El Gobierno central está tomando medidas para intentar frenar las leyes ideológicas impulsadas por el Partido Popular (PP) y VOX en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición. Estas leyes, conocidas como "leyes de concordia", buscan anular la legislación sobre Memoria Democrática en varias regiones, como Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón.
Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se están ultimando recursos al Tribunal Constitucional para alegar que estas iniciativas del PP y VOX chocan con la ley estatal de Memoria Democrática aprobada en 2022 y van en contra de los valores constitucionales.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) considera que estas medidas "tocan los consensos del 78", y está dispuesto a estudiar todas las vías para contrarrestar estos pasos. Las asociaciones de Memoria y las familias de las víctimas de la Dictadura y la Guerra Civil también se oponen a estas leyes de concordia.
Algunas de estas iniciativas han sido aprobadas por gobiernos del propio PP en el pasado, como el Decreto de 2018 en Castilla y León, lo que demuestra la contradicción de las posiciones políticas en torno a la Memoria Histórica.
Iniciar el ciclo electoral contraponiendo modelos
De esta manera, el PSOE está preparado una estrategia para enfrentar las próximas elecciones en Euskadi, centrando su atención en la gestión del Gobierno central y contrastando su modelo de gestión con el de las coaliciones de PP y VOX en varias comunidades autónomas.
El partido de Pedro Sánchez busca llamar la atención sobre los acuerdos alcanzados entre PP y VOX, los cuales han incluido medidas anti-Memoria en los pactos post-electorales, como la derogación de leyes de Memoria Democrática en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.
El presiente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido estos pactos con VOX, a pesar de la oposición del PSOE, que considera que se trata de una estrategia para ganar votos de la ultraderecha.
El Gobierno, por su parte, está estudiando la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional para frenar estas leyes antimemoria, argumentando que violan la Constitución y la memoria española.
