El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional, que en enero condenó al Estado a pagar a la familia del cámara de Telecinco José Couso por no haber defendido sus intereses ante Estados Unidos.
La Audiencia considera que España omitió su deber de ofrecer protección diplomática después de que fuera asesinado en Irak en 2003, por lo que deberían pagar 100.000 euros a la viuda de Couso y 41.000 a cada uno de sus dos hijos. Según el fallo, España "se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos".
Un precedente "inasumible"
Arancha González Laya, ministra de Exteriores, ha manifestado que la indemnización a la familia de José Couso sería un precedente "inasumible" para el Estado. Gónzalez Laya, que ha admitido que a pesar de todo se respetará la resolución final que tome la Justicia, ha alegado que se reunió con la familia para expresarles su pesar y el del Gobierno, pero también para comunicarles la dificultad que tiene el Estado de asumir la sentencia.
Según ella, el fallo "transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero". Además, ha remarcado que el Gobierno indemnizó a la familia Couso y a la de otras víctimas en el pasado.
La Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ejecutivo, ya se opuso en la Audiencia Nacional a la indemnización, alegando que "no concurre la relación de causalidad necesaria entre el daño sufrido y la actuación del Estado español". Asimismo el Estado llegó a pedir que se redujera a 21.315,56 euros la cuantía a abonar a los familiares.
No obstante, la Audiencia Nacional rechazó sus tesis, insistiendo en que el asesinato del cámara se produjo en circunstancias que "constituyen un ilícito internacional". Asimismo, mantiene que "no consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable".
Factible en otras ocasiones
"La Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha", remarcaba aquella resolución.
Y es que, además, España ya actuó de aquella manera en otras ocasiones: el Ejecutivo de Felipe Gónzalez reclamó a Washington que indemnizara a la familia de Juantxu Rodríguez, fotógrafo al que abatieron unos marines en Panamá, en el año 1989, mientras cubría para El País la invasión de las tropas norteamericanas.
"Confiemos en que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, tenga la decencia de no formalizar el recurso anunciado. Está a tiempo rectificar", remarcaba el colectivo de abogados Red Jurídica al conocer la postura del Estado. Y no han sido los únicos en pronunciarse:"¿Gobierno del 'cambio'? ¡Ja! Igual de genuflexos ante EEUU que el PP", "Inasumible reconocer que no se prestó apoyo como gobierno a la familia de una víctima española. Inasumible enfadar al amigo norteamericano. Inasumible defender el derecho internacional. La abogacía te lo afina", declararon indignados los hermanos del asesinado.
¿Gobierno del "cambio"? ¡Ja! Igual de genuflexos ante EEUU que el PP. https://t.co/EZ1vQQnuXa
— Javier Couso (@Caninator) March 3, 2020
Por otra parte, tanto Unidas Podemos como Izquierda Unida han expuesto unos comunicados para expresar su rechazo y discrepancias respecto a la decisión tomada por el Gobierno, remarcando una vez más su apoyo a la familia Couso.
