Los afectados por la cláusula suelo tienen la razón en todos los casos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado el fraude en la inclusión de esta cláusula en las hipotecas españolas de interés variable, y sólo hay una salida para la banca: devolver el dinero a los afectados. Sin embargo, el fraude se saldaría con más de 4.000 millones de devolución, según los cálculos del Banco de España, y las entidades bancarias españolas catalogan la situación como inasumible. Tras un primer borrador de protocolo de actuación por parte del Gobierno de España tumbado por el PSOE, ahora, parece que se ultima un nuevo borrador de decreto ley que prevé aprobar el 13 de enero, como protocolo de resolución de reclamaciones.
El Tribunal Supremo español había limitado las devoluciones al año 2013, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 21 de diciembre de 2016 la retroactividad total, lo que obliga a los bancos a devolver todo el dinero defraudado por las cláusulas suelo en las hipotecas: "La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula",expone la sentencia europea.
Proteger a la banca
El diario Público adelanta los puntos clave de esta segunda versión del protocolo que maneja el Gobierno, en la que parecen avanzar de acuerdo Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Coalición Canaria. A través de este protocolo el Gobierno protegería a la banca al menos en dos puntos: los gastos del proceso y los intereses de la devolución.
Ninguna de las partes implicadas tendría que pagar gastos del proceso si se hubiese acogido al protocolo, aunque se llegase a los tribunales. Sin embargo, los juristas aseguran que esta es una medida volcada únicamente a beneficiar a las entidades financieras, ya que tras la sentencia del Tribunal Europeo el cliente nunca perdería un caso.
El segundo punto crucial son los impuestos de la devolución del importe del fraude. En el documento del Gobierno no habría mención alguna sobre esta cuestión, lo que dejaría la puerta abierta en a que no se pagasen los intereses en cada caso. Este protocolo seguiría siendo voluntario para las entidades, que disponen de un mes para decidir si se acogen.
Público también argumenta que, pese a que los ministerio de Sanidad, Justicia y Economía están implicados en los procesos de consumo, la fuerza de la negociación para el documento está siendo llevada a cabo por el Ministerio de Economía, mucho más preocupado en el impacto macroeconómico para la banca, que por la justicia para los clientes afectados.
Complicidad entre las fuerzas políticas
El PSOE se ha pronunciado sobre la negociación. Pedro Saura, portavoz de economía del PSOE, entiende la negociación del documento como "un paso positivo", rehuyendo detalles: "En cualquier caso, no conozco letra pequeña y, hasta entonces, no me puedo pronunciar". El empeño de los grupos políticos es llegar a resolver los procesos por una vía extrajudicial. Rafael Catalá, ministro de Justicia, quiere "evitar un colapso de los juzgados" con una mediación entre banca y afectados para "una solución rápida de las reclamaciones".
Sin embargo, los bancos buscan relegar el caso de las cláusulas suelo a procesos largos y tediosos. En primer lugar, uno de los objetivos de la banca es posponer las devoluciones lo máximo posible y procurar acuerdos con los afectados; en segundo lugar, rechazan por todos los medios la devolución automática, a fin de que los clientes con devoluciones más pequeñas desistan en los procesos de reclamación. Las propias entidades se cerraron en bloque contra el código de buenas prácticas propuesto por el grupo Popular al cierre de 2016, ya que aceptar el código hubiese supuesto declarar nulas todas las cláusulas y proceder a su devolución. La banca ha movido hilos: Facua denunció reuniones entre el Gobierno y representantes de entidades para la confección de este nuevo borrador, que contaría con el apoyo del resto de fuerzas políticas mencionadas. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha rehusado reunirse con representantes de los afectados.
