La extrema derecha, sobre la que se han apoyado algunos gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Región de Murcia, es consciente del poder que se le ha otorgado utilizándolo como herramienta de presión para imponer su agenda ideológica. Entre sus principales demandas para seguir apoyando a estos gobiernos se encuentra la imposición del veto parental que trata de impedir que los menores reciban una educación integral basada en la diversidad y en la igualdad.
Donde primero estalló esta problemática inventada por VOX fue en la Región de Murcia, donde PP y Ciudadanos cedieron a sus exigencias para poder sacar adelante los Presupuestos de 2020. Ante semejante vulneración de los derechos de los menores, desde el Ministerio de Educación se envió un requerimiento al Gobierno regional para que esta medida fuese retirada. Requerimiento que se desoyó obligando al departamento de Isabel Celaá a recurrir a la vía judicial. Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente el veto parental.
Aunque el asunto parecía superado, VOX no ha dejado de insistir en lo mismo, saltando de nuevo a la hoja de ruta del Gobierno de Murcia. Tras la fallida moción de censura, desde el PP no solo se habría propuesto a la formación ultra implantar y ejecutar el veto parental ofreciéndole a VOX la Consejería de Educación. El presidente Fernando López Mias aseguró que él no habla de "pin parental" porque no sabe "lo que significa exactamente eso", pero que apoyará "todos los mecanismos que garantizan dar plena libertad a los padres para decidir la educación de sus hijos, siempre que sean legales y que respeten la libertad de cátedra y de la profesionalidad de los docentes de la Región de Murcia".
Y como pasó a comienzos de 2020, si esto se lleva a cabo, desde el Ministerio de Educación ya han anunciado que recurrirán la implantación del veto parental. "Ante todo está el derecho de los menores a la educación integral, que incluye la educación afectivo-sexual, la igualdad y la prevención de la violencia de género. Esas cosas que a algunos no les gustan", ha explicado una portavoz del departamento de Celaá a El Diario.
Desde el Ministerio de Educación aseguran que el veto parental va contra varias leyes españolas (de Educación, Igualdad o Violencia de Género) y contra varios tratados internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niñodefienden el derecho a la educación en igualdad) suscritos por España porque atenta contra el derecho a la educación de los menores, y este derecho asiste a los hijos, no a sus padres. Además, recuerda el Ministerio, está vigente la nueva ley educativa, la LOMLOE, que devuelve voz y sobre todo voto a las familias dentro de los consejos escolares de los centros, y estos son los únicos que pueden decidir sobre las actividades complementarias que serán objeto del veto.
Con esto, a situación parece abocada a resolverse en un tribunal. El Ministerio recurrirá en cuanto se apruebe la medida, a la espera de conocer más detalles sobre cómo se implantará este veto parental. El recurso se basará en el derecho a la educación y todas las normas, nacionales e internacionales, que lo respaldan.
Madrid y Andalucía
Con un Gobierno apoyados en la extrema derecha, Andalucía también han visto cómo el veto parental se ha convertido en arma por parte de VOX. El portavoz de la formación ultra en esta comunidad, Alejandro Hernández, anunció al presidente Juanma Moreno que dejarán de apoyar en el Parlamento las iniciativas del Ejecutivo, del PP y de Ciudadanos, hasta que no se implante el veto parental para que los padres tengan la capacidad de veto en las actividades educativas de sus hijos.
Lo mismo sucedió en Madrid. Rocío Monasterio, presidenta de VOX en la región, anunció que no apoyaría los presupuestos de la Comunidad para 2021 si no se instauraba el veto parental. Sin embargo, en este caso, la convocatoria de elecciones anticipadas ha frenado la situación a pesar de que Isabel Díaz Ayuso ya ha dejado caer que estaría dispuesta a imponer el veto parental en las escuelas madrileñas.
