Los plazos comienzan a estrecharse y, tras casi dos meses de tira y afloja en el que Gobierno y Generalitat han utilizado todas las armas judiciales para defender sus posturas, el final está cada vez más cerca. Sea como fuere, la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña es algo inminente.
Tanto Rajoy como Pedro Sánchez quieren apurar hasta el último minuto los periodos de tiempo establecidos para aplicar el 155. La intención de ambos mandatarios es que sea el propio President el que convoque elecciones.
El Gobierno central se encuentra presionado. Por un lado, el ala más radical de su partido y la oposición de Ciudadanos le exige que aplique de manera contundente y rápida el artículo de suspensión de la autonomía. Por otro, los sectores más moderados y el segundo partido de la oposición, el PSOE, quieren relajar los plazos para dar a Puigdemont una nueva oportunidad de volver a la legalidad. Rajoy, fiel a su manera de actuar, prefiere encauzar ambas posiciones hacia una moderación.
Objetivo: elecciones
El Gobierno de Rajoy ha sido contundente en su respuesta a la segunda carta enviada desde la Generalitat para responder al requerimiento que finalizaba el jueves 19. Puigdemont había admitido en esta misiva que el Parlament no declaró la independencia y amenazaba con hacerlo si se aplicaba el 155. Sin embargo, en este segundo requerimiento se le pedía volver a la legalidad y no aclarar si había o no aprobado la DUI (Declaración Unilateral de Independencia).
Al Ejecutivo central no le convenció esta respuesta y replicaba a la Generalitat convocando un Consejo de Ministros extraordinario para el sábado 21 en el que se aprobarán las medidas del 155. Una vez dado el visto bueno, estas se elevarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta, aunque se prevé el apoyo del PSOE.
Ambas formaciones han pactado las actuaciones que se llevarán a cabo. Sin embargo, los socialistas están a la espera de ver el resultado definitivo del Consejo ya que temen que el PP ceda a las presiones internas e implemente otras medidas que no hayan sido pactadas con el partido liderado por Pedro Sánchez. El PSOE solo pretende aplicar el 155 de manera "limitada y breve" para convocar elecciones.
El plazo para la convocatoria electoral está aún por determinar. Algunas fuentes apuntan a entre tres y seis meses. El PSOE quiere que sea de inmediato y el Gobierno pretende que sea lo más tarde posible por los riesgos evidentes. Por un lado, se teme que el enfado generalizado por las cargas policiales del 1-O y la sensación de estar interviniendo y suspendiendo la autonomía influya en un aumento de los apoyos hacia los independentistas. Por otro, hay recelos sobre la posibilidad de que los soberanistas boicoteen las elecciones. Algo que a Ciudadanos parece no preocuparle: "así tendremos mayoría absoluta", bromean desde el partido.
Sin embargo, según los últimos sondeos, algunos partidos soberanistas serían favorables a unas elecciones. El PDeCAT las ve con recelo ya que se espera que pierda apoyos de manera significativa. Pero ERC vería su cuota de votantes aumentada, así como el partido de Albert Rivera, debido a su duro discurso contra los independentistas.
Tanto el Gobierno como el PSOE esperan que haya un giro de guión. De no ser así, tras aprobar las medidas en el Consejo de Ministros extraordinario, el pleno del Senado que dará el visto bueno a este pacto entre ambas formaciones se celebraría el próximo viernes 27 de octubre.
Las dos principales fuerzas políticas a nivel nacional esperan que Puigdemont salve la situación convocando elecciones. Entonces, la retirada del 155 sería inmediata. Nadie quiere poner en marcha esta medida excepcional en la democracia, salvo el ala dura de la derecha y el partido capitaneado por Albert Rivera.
En el hipotético caso de que Puigdemont cumpla con sus amenazas y declare unilateralmente la independencia proclamando así la República Catalana, inmediatamente se pondrá en marcha la maquinaria del Estado para restablecer la legalidad en la comunidad autónoma como lleva tiempo advirtiendo el propio Rajoy, cumpliendo así con los deseos de los más extremistas.
Cambio de interlocutores
El Gobierno no ha querido explicar los detalles de las medidas que se llevarán a cabo y que serán aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo sábado 21. Rajoy quiere dar margen a Puigdemont para que vuelva a la legalidad. Ni siquiera Ciudadanos conoce el pacto entre los socialistas y el Ejecutivo, algo que le ha dado un margen de crítica para hacer oposición al bipartidismo.
El único deseo del Gobierno de España es que la Generalitat rectifique para evitar la aplicación del 155. O, en su defecto, que una convocatoria de elecciones produzca un cambio de interlocutores en el Govern. Rajoy espera que Puigdemont cumpla con su palabra de no presentarse a liderar en unos comicios al conglomerado de partidos que conforman Junts Pel Sí.
De llevar a cabo la aplicación del 155, el Gobierno se ha planteado tomar el control de las consejerías catalanas a través de los ministerios. Es decir: Cataluña estaría gestionada de forma temporal desde Madrid hasta que tuviera un nuevo Govern. Otra posibilidad es que un solo coordinador -se baraja el nombre de Soraya Sáenz de Santamaría- dirija la comunidad hasta que se celebren los comicios.
Sea como fuere, la principal prioridad de Rajoy es gestionar Hacienda e Interior para devolver la confianza jurídica a Cataluña y evitar la continua huida de empresas provocada por la inestabilidad política y económica que ha traído el procés. Con ello se pretende evitar la idea de una "suspensión de la autonomía" y sustituirla por la de "restauración" de la misma.
