El Gobierno ultraderechista de Polonia ha utilizado la crisis del coronavirus para llevar al Congreso dos controvertidos proyectos de ley que parecían estancados: uno para restringir el aborto y otro para vetar lo que denominan 'educación sexual' en lugares públicos (bajo pena de cinco años de cárcel).
El Ejecutivo de Mateusz Morawiecki, una especie de extensión del poder del exprimer ministro ultraderechista Jaroslaw Kaczynski, es consciente de que estas propuestas han generado múltiples tensiones y protestas en la calle. Protestas que ahora, sin embargo, no pueden celebrarse porque la población está confinada en sus casas y se castigan severamente las concentraciones.
Varias organizaciones civiles y diputados de toda Europa han advertido de las intenciones del Gobierno polaco, que quiere limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como desinformar a los jóvenes; mientras que solo puede recibir como protesta el sonido de las bocinas en los balcones.
La tormenta, sin embargo, ha sido perfecta para la ultraderecha polaca: el plazo para debatir ambas propuestas finalizaba precisamente ahora, después de seis meses de la constitución del Parlamento. Y con la población encerrada en sus casas, con la capacidad de protesta anulada.
Dos proyectos suspendidos desde marzo de 2018 por las protestas
La iniciativa de la organización Stop Aborto tuvo que ser bloqueada en el Congreso durante el mes de marzo de 2018, cuando el Ejecutivo liderado en la sombra por el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski tuvo que responder ante las manifestaciones masivas que se estaban registrando en las calles.
La actual ley del aborto polaca es, ya de por sí, una de las más restrictivas en Europa. Solo se permite cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto, cuando la vida de la madre está en peligro o si el feto sufre malformaciones o enfermedad irreversible.
Pues bien, ahora el Gobierno quiere eliminar este último supuesto, en vigor desde el año 1993, cuando se aprobó la Ley de Planificación Familiar. Se trata de la gran mayoría de abortos que se producen en el país, alrededor del 98%.
La propuesta de obligar a dar a luz a niños con graves malformaciones o enfermedades irreversibles ha generado un fuerte rechazo en la población. Las críticas, ahora, se realizan con acciones como pegada de carteles en tiendas abiertas, críticas en internet o protestas desde los coches. Pero la libertad de expresión, en este caso, se ve muy mermada por el confinamiento: resulta imposible salir a protestar a las calles.
En cuanto a la educación sexual, los ponentes de las charlas se enfrentan a penas de prisión de hasta cinco años de cárcel, tal y como recoge la iniciativa elaborada, también, por otra organización antiabortista.
Las intenciones de Polonia han generado una fuerte indignación en Europa. 170 parlamentarios de 24 países de Europa, miembros del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, han mostrado su indignación con la propuesta.
Por su parte, la investigadora principal de derechos de la mujer en Human Rights Watch ha afeado que el Ejecutivo intente aprobar dos medidas aprovechando la pandemia del coronavirus, sobre todo, cuando la población está encerrada sin capacidad de manifestarse.
