El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, está evaluando la posibilidad de intervenir en Naturgy, la empresa energética líder en el país, en un movimiento que recuerda a su reciente incursión en Telefónica.
Esta iniciativa surge en un momento en el que Naturgy se encuentra inmersa en una serie de escándalos que han dañado su reputación. Desde la confirmación del uso de limitadores eléctricos hasta una multa millonaria impuesta por la manipulación del mercado eléctrico.
Los escándalos
El informe pericial realizado en 2022 confirmó el uso de limitadores eléctricos por parte de Naturgy, desatando un torrente de críticas y preocupaciones sobre su impacto en la calidad del servicio y en la experiencia de los usuarios. Esta práctica, diseñada para gestionar la demanda eléctrica en momentos de estrés en la red, ha generado un intenso debate sobre la ética empresarial y los derechos fundamentales de los consumidores.
Las explicación que proporcionó la empresa fue que esos reconectadores, "se instalaron para reconectar la red después de que se detectara un problema de sobrecargas que afectaba a los sectores V y VI, para garantizar el suministro a los clientes que la compañía tiene en la zona (5 en esa fecha) y actúan como mecanismo de seguridad para proteger a las personas y a las instalaciones. Estos dispositivos, que cumplen la legislación vigente y se instalan en este tipo de situaciones, permiten la reconexión en remoto y, de hecho, son los que hacen posible que el sector V tenga suministro desde entonces a pesar de las sobrecargas en el sector VI".
Pero los problemas de Naturgy no terminan ahí. Las investigaciones en curso por posibles prácticas abusivas, incluida la manipulación del mercado eléctrico, han resultado en una multa draconiana de 19,5 millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional. Este golpe financiero dejó a la empresa tambaleándose, mientras que los reguladores y los consumidores exigieron respuestas y rendición de cuentas.
La última sacudida llegó con la sorprendente suspensión de la cotización de Naturgy por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), justo antes de que se confirmaran las negociaciones con Taqa, la empresa energética de Abu Dabi. Este movimiento desconcertante ha avivado las especulaciones sobre el futuro de Naturgy y ha sembrado la confusión entre los inversores y el público en general, alimentando un clima de incertidumbre en el mercado.
Criteria
Por si esto no fuera poco, Criteria, la sociedad de inversión controlada por la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está en negociaciones con un fondo de Emiratos Árabes Unidos para adquirir una participación en Naturgy, lo que podría resultar en una oferta pública de adquisición (OPA).
Esta situación plantea preocupaciones sobre la influencia extranjera en sectores estratégicos de la economía española y el papel del Estado en la regulación y supervisión de empresas clave. El Gobierno ha expresado su interés en proteger los intereses nacionales al tomar posiciones en compañías estratégicas, como se refleja también en su atención a la oferta pública de adquisición lanzada sobre Talgo.
Estos movimientos sugieren una tendencia hacia una mayor intervención estatal en la economía, lo que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la inversión extranjera y la protección de los recursos y la soberanía nacional.
De esta manera, en medio de un panorama más que tumultuoso, la decisión del Gobierno de convertirse en accionista de Naturgy plantea preguntas fundamentales sobre el papel del Estado en la economía y el mercado energético. ¿Podrá esta intervención gubernamental poner fin a los escándalos y restaurar la confianza en la industria? ¿O marcará el comienzo de una nueva era de regulación y control estatal? Estas son las interrogantes que ahora dominan la conversación en los pasillos del poder y en los hogares de los ciudadanos preocupados por el futuro energético de España.
