El Gobierno de Pedro Sánchez niega que el Valle de los Caídos tenga efectos negativos en la imagen exterior de España. Así lo ha evidenciado en una pregunta registrada en el Congreso por parte del diputado Jordi Xuclá del grupo parlamentario PDeCAT.
En el escrito registrado en la Cámara Alta, Xuclá realiza la siguiente pregunta: "¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia proyectada por la incapacidad de cerrar la etapa negra del franquismo y de su símbolo más notorio que es el Valle de los Caídos?".
La misiva llega en mitad de la polémica sobre el traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, tal y como se ha solicitado durante años por diversos colectivos sociales.
Se trata de una de las promesas realizadas durante la campaña electoral y apoyada actualmente, incluso, por parte de la Iglesia católica. La familia del dictador se opone y asegura que se negará a recibir los restos del exmandatario, que podrían terminar en un osario.
"La imagen exterior de España es sólida"
La respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha hecho esperar. En el escrito, el Ejecutivo señala que "la imagen exterior de España es sólida, consolidada y homologable a la de los países más avanzados de su entorno político, económico.y social".
Para justificar este argumento, el Gobierno relata que "varios indicadores e informes internacionales" que así lo corroborarían. En concreto, "el índice 'Freedom in the World', que otorga a España un total de 94 puntos sobre cien, cuatro más que Francia, los mismos que Alemania y Reino Unido y tres menos que Dinamarca".
Además, el informe señala que la situación de la democracia española se ve consolidada "en un contexto global marcado por un retroceso de las libertades a escala internacional", según reza la respuesta.
En ningún momento se reconoce la posibilidad de que la situación actual del Valle de los Caídos pueda dañar la imagen de nuestro país, a pesar de que algunas instituciones extranjeras han reclamado a España una actuación de manera inmediata.
En la misiva remitida por el Gobierno, también se señala que "entre 1959 y 2017, una organización internacional tan relevante para la vigilancia de los derechos humanos en el continente europeo, como es el Consejo de Europa, ha visto solo 157 casos contra España, 160 contra los Países Bajos, 182 contra Suiza, 242 contra Bélgica, 341 contra Portugal, 545 contra el Reino Unido, 997 contra Francia y 2.382 contra Italia".
