El Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en la reforma del Código Penal para constituir como delito la apología del franquismo. El Ejecutivo pretende reformar por completo la Ley de Memoria Histórica "en la que se incluirán las modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo".
Otro de los cambios que "se está estudiando" es "la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir dicha apología como delito". Actualmente este artículo establece penas de prisión para quienes fomenten o inciten al "odio, hostilidad, discriminación o violencia" contra una persona o grupo por raza, ideología, creencias, religión o identidad sexual, entre otras.
El Código Penal contempla penas de cárcel para quienes "trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio", alaben "a sus autores" o "justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos". Las penas pueden llegar hasta los cuatro años de prisión cuando "se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación", o cuando este hecho se lleve a cabo a través de medios de comunicación que lo hagan "accesible a un elevado número de personas".
Las condenas incluyen además la inhabilitación de hasta catorce años a profesionales educativos, deportivos o de tiempo libre y se procederá a la eliminación de cualquier documento que haya difundido este contenido discriminatorio.
El PSOE ya planeó ilegalizar la Fundación Francisco Franco
La proposición que el PSOE presentó en enero de 2018 ya contemplaba la reforma de la ley de Memoria Histórica para castigar a quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo" o elaboren "escritos o cualquier otra clase de material o soportes" que sean "idóneos" para fomentar estas actitudes.
La reforma proponía también castigar a quienes "lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas" o quienes "enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución".
Fue en abril cuando el PSOE presentó en el Senado una moción para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, al considerarla contraria a la Constitución y a la Ley de Memoria Histórica. La propuesta recibió la negativa de la mayoría de miembros del PP, pero en julio la ministra de Justicia, Dolores Delgado, avanzó la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica en la que se incluiría, entre otras cosas, la ilegalización de las asociaciones que defienden el franquismo.
