El Gobierno enfrenta una nueva polémica después de que PP y VOX hayan afirmado que cometieron una imprudencia, tras haber sido engañados por el Gobierno, para aprobar una medida dentro del proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que podría reducir la pena de 44 presos etarras (siete de ellos podrían quedar en libertad).
Dicha medida se debe a una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la norma, que hasta ahora impedía a los condenados etarras descontarse aquellas penas que se han cumplido en las cárceles francesas.
¿Qué se ha aprobado realmente?
La aprobación de esta medida responde, en realidad, a la transposición de una directiva europea que ya abordó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el pasado, pero que finalmente no quedó traspuesta de forma completa. Una norma que recogía que las penas deben cumplirse en los países de la Unión Europea y que, en el caso de los etarras, no supone reducir su condena, sino aplicarla en su totalidad atendiendo al período que estuvieron encarcelados.
Fue en 2008 cuando el Consejo de la Unión Europea obligó en 2008 a que los Estados miembro de la UE tengan en cuenta el tiempo de condena cumplido por un reo en otro país europeo. Se trata de evitar que una persona no cumpla por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados.
El Gobierno de Mariano Rajoy la incorporó, pero con una disposición adicional para que no fuera aplicable a sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, fecha tope en la que se debía haber trasladado la directiva a la legislación española.
Esto permitió que los miembros de ETA se beneficiaran de la norma, 69 presos en total, que en ese momento cumplían condena en España tras haber permanecido un tiempo en cárceles francesas.
Sumar defiende ahora que esa disposición adicional debe eliminarse por completo que los ciudadanos españoles no sufran ninguna discriminación con respecto a ciudadanos de otros países de la Unión Europea: "Hemos acabado con una discriminación para que ningún español, ningún andaluz, ningún canario, ningún ciudadano de ningún territorio, se vea afectado y tenga un tratamiento más discriminatorio que otros ciudadanos de la Unión Europea en aplicación del derecho comunitario", ha defendido el portavoz de la formación magenta, Enrique Santiago.
"Beneficios a presos"
La polémica surgió después de que el diario El Confidencial haya publicado este lunes, 7 de octubre, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha aprobado de tapadillo el cambio legal que beneficiará a los presos que cumplieron años en Francia".
La oposición se encuentra repentinamente en una posición complicada, porque PP y VOX habían apoyado la reforma. Posteriormente, los populares intentaron salir al paso cuando su portavoz, Borja Sémper, habló de un "error generalizado" y que su formación había votado sin saber exactamente la cuestión que se abordaba. En concreto, la transposición de una normativa europea para su aplicación en España.
La reforma se tramitó en el Congreso por un procedimiento de urgencia, que aborda los plazos y no precisa de informes consultivos a órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.
Sumar introdujo durante la tramitación una modificación que derogaba la disposición adicional única de la ley 7/2014. Al suprimir el precepto, se habilita la aplicación del descuento de penas impuestas en otros países a condenados con anterioridad al 15 de agosto de 2010, donde se encuentran muchos etarras.
A pesar de que constaba en los papeles, PP y VOX no tuvieron constancia de qué implicaba este cambio. Los ponentes de ambos partidos firmaron haber "estudiado con todo detenimiento" la reforma y las "enmiendas presentadas" y dieron su visto bueno.Se trataba de María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Benigno Belmonte por el PP y Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández por VOX.
¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Quién se beneficiará?
Este cambio tiene todas las posibilidades de salir adelante. Si el Gobierno no retira la iniciativa por su propia voluntad, solo queda ya su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado.
El PP solo puede retrasar su votación una semana y que no quede aprobada de manera inmediata, como se prevé, sino solo extender el plazo para su aprobación. Esto es a lo que ya se reduce su margen de maniobra.
Este cambio puede beneficiar a varios etarras condenados. El informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo alude a Txapote (de 2031 a 2025), condenado por decenas de asesinatos como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez. También adelantaría a su pareja, Irantzu Gallastegui (Amaia), que saldría un año después.
Además, también podría salir de prisión en 2025 el ex jefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), que cumplió en prisiones francesas una condena de casi ocho años, que se descontaría de su fecha prevista en 2032.
También se prevé una salida adelantada de la etarra María Soledad Iparraguirre (Anboto), que ha visto recientemente su acusación por el aseisnato de Miguel Ángel Blanco archivada. La histórica jefa de ETA, del ala dura, podría quedar fuera de la cárcel en 2026, tras una condena máxima de 30 años (pasó 15 en Francia y se preveía su salida en 2041).
