El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en negociaciones con Podemos para organizar una subida de impuestos a grandes empresas, banca y tecnológicas. Se trata de una reducción de deducciones, impuestos a la banca, empresas tecnológicas o gravámenes medioambientales.
La propuesta parte de Unidos Podemos, una formación fundamental para sostener el actual Ejecutivo, aunque cuenta con dificultades para que prospere en otros partidos como el PNV o el PDeCAT, más próximos a una política tributaria liberal en lo económico.
El texto, que se encuentra en fase de negociaciones, tiene como objetivo garantizar la recaudación de impuestos con la que financiar el Estado del Bienestar y el déficit, uno de los grandes problemas que aún enfrenta toda la Administración (en especial, a nivel local y autonómico).
El arco parlamentario deberá mostrar sus cartas cuanto antes, porque el Gobierno necesita aprobar los presupuestos para evitar un adelanto electoral que podría apartarle de La Moncloa (en el caso de que el caso Máster no prospere).
¿Tendría aplicación real la subida de impuestos?
Este es uno de los principales escollos. Sin una política que luche de manera efectiva contra la evasión fiscal y sin un consenso europeo, cualquier subida de impuestos se antoja difícil con el fin de llegar al final deseado, es decir, financiar las arcas públicas.
Las empresas consideradas como 'grandes' son aquellas con un capital humano superior a los 250 trabajadores. Algunas de ellas, como todos sabemos, auténticos mastodontes con grandes beneficios. ¿Cuál es la dificultad para el Gobierno? Pues, básicamente, que sus cuentas permiten contratar a bufetes y asesorías muy eficaces a la hora de evitar el pago de las tasas e impuestos que se quiere recaudar.
Algunas empresas como Apple cuentan con una entidad en España que registra permanentemente pérdidas. El dinero se recauda en nuestro país pero, inmediatamente, se envía a la matriz irlandesa (donde se encuentra radicada la filial europea de la empresa de la manzana). Por tanto, Apple España es un mero intermediario, al menos, a efectos fiscales.
¿Miramos a Europa?
La Unión Europea surgió como un paraguas para fortalecer la presencia internacional de países con poco peso, como por ejemplo, España. A nivel económico, no cuenta con el mismo potencial un mercado de 40 millones de personas, que uno de 508 millones.
Parece evidente que habría posibilidades de presionar a países del Eurogrupo como Irlanda o Malta (y, por poco tiempo, también el territorio británico de Gibraltar) para que abandonen algunas políticas que benefician a los grandes. Algo que, desde Bruselas, no se plantean por el momento.
En este punto se juega al tradicional debate entre el intervencionismo y el liberalismo. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería si se incrementasen los aranceles a las empresas que no pagan los impuestos marcados para una economía de 508 millones de personas?
La medida puede sonar efectiva a priori, pero no hay que olvidar las posibles desinversiones que generarían paro y pobreza (Inditex, por ejemplo, genera 100.000 empleos en nuestro país). Si se cierran tiendas, se baja la recaudación, aumenta el desempleo y llegamos al punto que queríamos evitar.
¿Deducciones?
Es el arma con el que se intenta compensar la ingeniería fiscal de las grandes, como por ejemplo, radicar las empresas en Canarias, generar plusvalías reinvertidas (es decir, que tus beneficios se vuelvan a incorporar en nuevos proyectos, lo que dinamiza la economía) y, el punto más polémico, la doble deducción.
Esta última opción permite que las empresas que ya han pagado impuestos en otro país por sus beneficios, no tengan que volver a pagarlos en España. Contando con que Irlanda, Malta o Gibraltar cuentan con tasas muy inferiores, la ingeniería fiscal de las grandes permite que sus beneficios obtenidos realmente en España no terminen tributando al igual que las Pymes.
Las Pymes son aquellas que cuentan con un nivel de menos de 250 trabajadores, facturan menos de 50 millones de euros y obtienen balances generales inferiores a los 43. En este paraguas se engloba a sociedades con menor tamaño y, evidentemente, menores recursos para pagar asesorías con las que eludir impuestos.
Aquí surge la pelea entre la CEOE y el Gobierno. En febrero de 2017, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro criticó que las grandes solo tributaban un 7% por estas ingenierías. Joan Rosell, presidente de la principal patronal del país, salió al paso y se escudó en que la cifra se situaba en torno al 20%.
Las empresas no solo pagan el impuesto de Sociedades. También se incluyen otras tasas como los tributos locales y autonómicos. Además, el primer impuesto que hemos mencionado en este párrafo se paga sobre los beneficios, por lo que algunas empresas sí que pagan ese 20% en el caso de que declaren sus beneficios al completo en España.
El paraíso fiscal de España
Hemos mencionado la influencia de los tributos locales y autonómicos. Este es un punto destacado, porque también genera desigualdades dentro de nuestro país y genera una competencia entre administraciones para pelear por las empresas. Y, por tanto, por bajar impuestos.
La política heredada de la etapa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid (y continuada por Ignacio González y Cristina Cifuentes) se basó en evitar cualquier subida de impuestos y en disminuirlos en la medida de lo posible, tal y como ha expresado la propia Aguirre en repetidas ocasiones y durante su mandato.
Todo ello ha permitido que las grandes empresas y rentas altas paguen menos impuestos en Madrid que, por ejemplo, en Andalucía. Esto ha derivado en algunas acusaciones de paraíso fiscal patrio y medidas para hacer dumpin a través de bonificaciones fiscales. Sus partidarios señalan que convierte a Madrid en un territorio atrayente para invertir.
Aquí volvemos al debate liberal-intervencionista, pero la ensalada de diferencias de todo tipo en cada autonomía solo sirve para fragmentar la economía y, quizás debilitarla. ¿Sería conveniente una política tributaria única a nivel nacional?
Deducciones para generar empleo
Ahora viajamos a Extremadura. Se trata de la comunidad que lidera la tasa de paro en nuestro país, en concreto con un 23,9%. Y el desempleo juvenil, en la franja de los 20 y 24 años, asciende al 42,9%, es decir, casi una de cada dos personas.
¿Qué sucede? Básicamente, que la región paraliza su economía y expulsa a la población más joven, fundamental para generar trabajo y evitar la despoblación que podría poner en jaque toda una autonomía.
¿Y si incluimos deducciones efectivas por invertir en esta zona a nivel nacional, es decir, una especie de discriminación positiva? El problema de zonas como Andalucía o Extremadura es muy sencillo: la falta de una industria efectiva que se ha congregado en regiones más prósperas como Cataluña o País Vasco. Sobre ello se pronunció el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, con el siguiente argumento: "No es lo mismo contar como vecino a Francia y un puerto en el arco mediterráneo, que únicamente contar con los mercados de Portugal y Marruecos".
En una región incluida en la UE, con un país que sirve de encrucijada entre el norte de África, Latinoamérica y el Viejo Continente... ¿interesaría favorecer a empresas que ahora huyen a producir a otros territorios atrayéndolos con deducciones y ciertas garantías? ¿Conseguir que se instalen definitivamente en estas zonas para después cambiar poco a poco estas políticas? ¿La política fiscal es la solución? ¿El Gobierno debería fijarse en estos territorios y señalarlos a las empresas que puedan tener interés en viajar hasta nuestro país? Quizás, en este caso, se plantea como un debate más ideológico que tecnocrático.
