El Gobierno prepara una nueva legislación para la mejora de la gobernanza democrática que busca lograr una mayor transparencia en los medios de comunicación. En el reglamento se especifica que será una "infracción grave" no detallar en el nuevo Registro estatal de medios la identidad de los accionistas o la cuantía de dinero público que reciben.
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Estas faltas se podrán castigar con una multa de hasta 750.000 euros en el caso de las televisiones o de 200.000 euros en el resto de medios, como publica Cadena SER. De este modo, se busca que la ciudadanía pueda tener una información más detallada sobre la naturaleza de los medios de comunicación que están consumiendo.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se encargará de velar por el registro de medios de comunicación y supervisar el cumplimiento de las normas de transparencia que son de obligado cumplimiento atendiendo a una directiva europea.
Cuando la ley entre en vigor, puesto que actualmente está en fase de tramitación desde el Ministerio de Transformación Digital, todos los medios nacionales deben de inscribirse y mantener actualizada toda su información sobre estructura de propiedad y los ingresos percibidos en concepto de publicidad institucional.
Una orden de Europa
El registro de medios de comunicación es una de las medidas del Plan de Acción por la Democracia que presentó el Gobierno de España durante el pasado verano y que supone la transposición del Reglamento Europeo sobre Libertad de los medios de Comunicación aprobado en el Parlamento Europeo.
El texto del anteproyecto de ley, que será sometido a información pública, alerta de que el mercado de los medios de comunicación se está viendo afectado en España por aquellos prestadores "que practican de forma sistemática la desinformación, o la manipulación de información y la injerencia, y utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos".
Además, la nueva norma obliga también a los medios a adoptar aquellas medidas necesarias "para garantizar la toma independiente de sus decisiones editoriales y la divulgación de cualquier conflicto de intereses" en el tratamiento de la actualidad. El incumplimiento de este punto se considera una infracción leve y podría acarrear multas de hasta 150.000 euros para aquellos medios que no cumplan.
