España garantiza aparentemente los derechos sexuales y reproducitivos sobre el papel, pero la situación dista mucho de ser ideal: el acceso a los tratamientos anticonceptivos y al aborto no es completamente equitativo.
Con esta idea comulgan los colectivos feministan que denuncian que la implantación de la legislación aprobada por el parlamento es "casi nula" y "presenta deficiencias en su implantación" o es muy desigual entre comunidades autónomas (aunque la Constitución garantiza la "igualdad entre todos los españoles").
Un ejemplo de todo ello, fue el caso de una mujer gallega que se vio obligada a recorrer 500 kilómetros porque el hospital público que tenía al lado de casa no quería atenderla. Por culpa de ello, arriesgó su vida, perdió el útero y la posibilidad de ser madre biológica de nuevo. La Justicia condenó al Servicio Gallego de Salud por dilatar su embarazo inviable y finalmente la Xunta sí que estableció un protocolo integral para este tipo de situaciones.
Pero la situación en España no es la misma en todos los territorios. Por ejemplo en Murcia se realizó tan solo un aborto en todo 2015 frente a los 3.456 que se llevaron a cabo en la privada. Precisamente Murcia también ha recibido sanciones por haber ocultado información a una mujer que estaba gestando un feto inviable que desembocó en un aborto que provocó daños físicos y psicológicos en la madre. Todos se podrían haber evitado cumpliendo la ley.
El Gobierno, mientras tanto, se defiende y afirma que los protocolos están funcionando a la perfección sin dar datos sobre cómo se han evaluado (a pesar de que la ley obliga a hacerlo cada dos años). Tampoco ha querido renovar las actuales vía de actuación en esta materia, que están contempladas para una vigencia de cinco años y que fueron aprobados en 2011.
Condena internacional
Mientras que el Gobierno no ha mostrado ningún interés en revetir la situación, algunas organizaciones internacionales están instando a España a cambiar su vía de actuación en torno a este tema.
Una de estas organizaciones es Médicos del Mundo, que ha colaborado con más de diez ONGs para presentar el informe 'Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España', en el que han criticado que "existen importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y serias carencias en los servicios que asesoran" sobre esta materia.
La portavoz de Médicos del Mundo, Beatriz Sagrado, ha señalado en declaraciones a El Diario que la causa de este problema es la completa "falta de voluntad política" del Ejecutivo de Mariano Rajoy para remover las trabas que permanecen en el sistema tras siete años de aprobación de la ley por parte de las Cortes. Es decir, la ley no se deroga, pero tampoco se aplica.
La ONU también se ha pronunciado sobre esta cuestión. En 2015, instó en un informe a que España eliminase "los obstáculos que impiden acceder a servicios que les permitan abortar de manera segura y legal en todas las partes del país", así como a revisar la reforma del PP que impedía abortar a las menore sin el consentimiento de los padres.
"Privatizar el aborto"
La desigualdad entre comunidades también está siendo ampliamente criticada, porque muchos de los casos requieren urgencias y no pueden permitirse desplazamientos de varias horas de duración.
La falta de concreción en la ley de objeción de conciencia puede hacer que la totalidad de la plantilla de un centro médico se niegue a practicar la intervención, lo que deriva en que la ley no se aplique tal y como debería.
Además, muchos de los casos son derivados a la sanidad privada y no se tratan en la pública, lo que puede terminar derivando en casos flagrantes como el de Murcia, donde solo se practicó un aborto en la Seguridad Social frente a 3.456 en centros privados, o Aragón donde la diferencia es de nueve frente a 2.201.
Por todo ello, Justa Montero, integrante de la Federación Estatal de Organizaciones Feministas, critica que "el aborto sigue sin estar integrado en la red sanitaria pública, lo que provoca que no se normalice".
Los anticonceptivos son un "privilegio" que no está al alcance de todos
Los colectivos denuncian también que la atención tiende a ser completamente deficiente en toda España, pero que las diferencias entre unas comunidades y otras son muy relevantes, lo que ocasiona que algunos ciudadanos cuenten con más derechos que otros por el simple hecho de haber nacido en un territorio determinado.
"Hay un modelo asistencial muy variado, con comunidades en la que los centros de atención están integrados en los centros de salud, otras con centros específicos que dependen de la Atención Primaria y otras con servicios que coexisten con ella", denuncia Justa Montero. Además, considera que debería haber protocolos específicos para los colectivos LGTBI, personas con diversidad funcional, trabajadoras sexuales o los migrantes.
En este caso, denuncian que ninguna comunidad financia por ejemplo el parche o el anillo vaginal y tan solo once lo hacen con el DIU de cobre y cuatro con los preservativos. Son métodos muy eficaces para que posteriormente ninguna mujer se vea obligada a abortar, lo que además del dilema ético y del trauma, puede ahorrar muchos costes para la sanidad pública.
Mientras tanto, tan solo Galicia y Cataluña han desarrollado protocolos específicos para controlar el tema de la anticoncepción, un asunto muy relevante si se tiene en cuenta que hasta un 11% de las mujeres no utiliza ningún método de este tipo y tiene altas probabilidades que quedarse embarazada sin desearlo (la mitad de ellas tiene menos de 19 años).
Mientras tanto, España sigue sin incorporar la educación sexual en los colegios, una materia que ayudaría a los jóvenes a evitar muchas de estas situaciones complicadas que pueden suponer todo un cambio de rumbo en sus vidas.
