El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, que ilegaliza la Fundación Francisco Franco, retira honores a los torturadores de la dictadura y recoge fuertes sanciones para quienes incumplan la norma. Además, los incumplimientos de la norma pueden acarrear multas de hasta 150.000 euros.
Se trata de un anteproyecto de ley que deberá salir adelante en el Congreso de los Diputados, algo que previsiblemente sucederá con la mayoría que facilitó la moción de censura.
Entre otras medidas, el texto prevé la activación de un plan estatal de exhumaciones de fosas, la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura o la "resignificación" del Valle de los Caídos como cementerio civil. Además, habrá prioridad en la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los brigadistas.
La ley consta de 66 artículos y "es un paso importante para este Gobierno", ha asegurado la vicepresidenta Carmen Calvo en la rueda de prensa en la que se ha presentado oficialmente este proyecto de ley.
El Gobierno también sigue las recomendaciones de Naciones Unidas y basa la ley en los principios de búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Esto supone "un compromiso de homologación de nuestra democracia con la defensa estricta de los derechos humanos".
Además, el Gobierno retirará todos los títulos nobiliarios a quienes colaboraron en el golpe de estado contra la República y sus herederos. La vicepresidenta Carmen Calvo también ha emplazado al PP a participar en esta ley: "Deben estar dentro de la Constitución", ha afirmado.
El trámite hasta su aprobación
La ley, que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, ahora tiene un camino hasta su aprobación. Primero deberá ser enviado a los órganos consultivos, donde se garantizará que no hay ningún artículo inconstitucional o que colisione con otros derechos.
El texto, corregido, será devuelto al Gobierno. Entonces, deberá presentarlo ante el Congreso y necesitará mayoría absoluta para su aprobación. En principio no habría problema en conseguir el apoyo de la moción de censura, aunque algunos socios del Ejecutivo tienen reticencias con algunos artículos.
La nueva norma recoge algunos puntos que la Ley de Memoria Histórica de 2007 dejó de lado, como la asunción de oficio por parte del Estado de la apertura de miles de tumbas o la identificación de las víctimas con un plan estatal de exhumaciones.
