El Gobierno pretende aprobar en el consejo de ministros una medida con la que habilitarán alojamiento en hoteles a las víctimas de violencia de género en caso de que se encuentren en una situación de riesgo.
Según La Información, esta medida, propuesta por el Ministerio de Igualdad, incluirá a las víctimas de explotación sexual, trata y violencia machista. Asimismo, el Gobierno pretende incluir como esenciales los servicios de atención a las víctimas de explotación sexual y trata, además de los de atención a las víctimas de violencia de género, que podrían encontrarse confinadas en casa con sus agresores.
El decreto aprobado el pasado domingo 29 de marzo no contemplaba estas opciones, pero el departamento de Irene Montero ha decidido que debía solventarse esta laguna este mismo martes 31. Así, pretenden intentar facilitar que las víctimas consigan salir de sus hogares y de las agresiones, como ha sucedido recientemente con la influencer Jessica Goicoechea, que ha denunciado haber sido agredida por su pareja mientras se encontraba en casa del mismo por el confinamiento.
Diferentes objetivos
Sin embargo, el consejo de ministros de este 31 de marzo tiene también otros objetivos, como establecer que el Estado avale microcréditos sin intereses a devolver por un periodo de entre tres y seis años para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus, algo que llevaba pidiéndose desde que comenzamos con la cuarentena. Esta medida, según informa EFE, está dirigida especialmente a las personas que viven de alquiler en pisos de "pequeños propietarios", es decir, de aquellos que tienen menos de ocho viviendas en arrendamiento.
Los alquileres gestionados por "grandes tenedores", como inmobiliarias o entidades financieras, tendrán moratorias en el pago de la renta. No obstante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana calcula que entre el 85% y el 90% del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios, mientras que las consultorías inmobiliarias elevan esa cifra al 95%, alegando que serían pequeñas familias que necesitan del dinero del arrendamiento para sobrevivir.
No obstante, estos chocan con los de los sindicatos de inquilinos, que esgrimen estudios en los que se muestra cómo únicamente el 16% de personas que ponen su casa en alquiler lo hacen por necesidad económica.
Asimismo, el borrador de decreto que se debatirá en el Consejo de Ministros incluye medidas antidesahucios y moratorias en el pago del alquiler de viviendas gestionadas por administraciones públicas.
Guerra interna
La propuesta, dirigida por el socialista José Luis Ábalos, ha mostrado una vez más las disidencias entre los partidos. El vicipresidente social, Pablo Iglesias, se ha mostrado contrario a la medida y ha abogado por suspender el pago del alquiler a todos los afectados por el coronavirus en los próximos dos meses, como se ha hecho en otros países y como reclama el sindicato de inquilinos.
El de Podemos se sirvió de datos para mostrar que más de 8.000 personas, como autónomos o pequeños comerciantes afectados, no podrán enfrentarse al pago de sus viviendas en abril, ya que han visto reducidos sus ingresos o incluso han llegado a perder sus empleos.
