Una vez el PSOE registró oficialmente la moción de censura el pasado viernes 25 de mayo, el Partido Popular comenzó su ofensiva contra la moción y contra aquellos que la impulsaron y la apoyaron. Primero compareció Mariano Rajoy, que aseguró que esta medida constitucional "va contra la estabilidad de España" y acusó a Pedro Sánchez de querer gobernar "a cualquier precio y con quien sea".
El portavoz del PP, Rafael Hernando, centró su atención en los líderes de Podemos, al asegurar que la moción es un "invento de Iglesias para tapar lo de su chalet", para acto seguido centrar su discurso en la vivienda del secretario general de la formación morada e Irene Montero.
La tercera maniobra tuvo lugar el viernes de madrugada, cuando el Gobierno filtró un informe a determinados medios sobre los peligros de una moción que alterase la solidez económica del país, con el fin de sembrar miedo entre los ciudadanos.
Un desastre económico sin pruebas que así lo demuestren
El escrito lleva por título 'Impacto macroeconómico de la incertidumbre política generada por la moción de censura', y sostiene que el solo hecho de presentar la moción ha supuesto un terremoto en las instituciones financieras que podrían poner en serios aprietos la fortaleza española en caso de que se prolongara en el tiempo.
Según el Ejecutivo, "una eventual situación de bloqueo político puede generar una pérdida en el PIB español de más de 4.800 millones de euros". De ellos, "1.200 millones se atribuirían exclusivamente a la incertidumbre política nacional". Para los populares, la situación "es comparable a la existente durante el año 2016, cuando España tuvo un gobierno en funciones, y podría ser incluso mayor".
Cuestionar la legalidad y las prácticas del PP parece estar penado por la bolsa. Los populares intentan demonizar la moción mostrando la caída del IBEX del pasado viernes (1,7%, la peor desde marzo) y el aumento de la prima de riesgo, que volvió a superar los 100 puntos básicos.
El broche de oro al presunto desastre que supondría que la moción prosperase se basa en el "impacto de 0,03 puntos porcentuales" sobre el trabajo, con el que "se perderían 6.500 empleos". El informe oficioso, más allá de los datos catastrofistas, no aporta pruebas sobre la veracidad de la pérdida de empleos o del desplome del PIB. Tampoco está firmado ni tiene un sello oficial, ni ha salido nadie del partido a explicarlo.
