El Gobierno contempló y descartó la posibilidad de poner en marcha una reforma legal para cambiar o eliminar la actual inviolabilidad del Rey (que le exime de responsabilidad penal) sin necesidad de modificar la Constitución.
A lo largo de 2021 e inicios de 2022 se desarrollaron una serie de reuniones entre los negociadores designados por Pedro Sánchez, la cúpula del PP y el jefe de la Casa del Rey. Dicha propuesta fue presentada por el interlocutor del Partido Popular Manuel Pizarro y la entonces vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo: "Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno ni por parte del PP ni por parte de la Casa Real", así lo confirma a El País.
Un "marco de actuación" más transparente del Gobierno
En febrero de 2021, Pedro Sánchez encomendó a su entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, poner en marcha un nuevo "marco de actuación" más transparente, moderno y actualizado de la Monarquía en España. Según fuentes implicadas en el proceso, La Moncloa decidió convocar al partido de la oposición, el PP, para avanzarle sus planes sobre la Casa del Rey y pedirle un interlocutor.
El partido, entonces liderado por Pablo Casado, presentó a Manuel Pizarro (70 años). Era abogado y agente de Bolsa, y en 2008 llegó a figurar como número dos de la candidatura a la Presidencia de Mariano Rajoy. Además, ahora está incluido también en el equipo del nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
"Yo lo plantee, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno ni por parte del PP ni por parte de la Casa Real."
A Pizarro y Carmen Calvo se unió entonces Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey. Celebraron varios encuentros y se intercambiaron ideas y documentos. Cuando Carmen Calvo abandonó la vicepresidencia primera del Gobierno el pasado verano, Pizarro la elogió públicamente como "una mujer de Estado".
Calvo comentó sobre la importancia de que el PP estuviera al tanto de la negociación, pues "es el partido con el que hay que contar para que salga adelante la reforma". Las cuestiones que trataron en las reuniones eran relacionadas con esta reforma de transparencia para la Casa Real.
Publicación del presupuesto de la Casa del Rey
Esas reuniones ya están dando sus frutos, con información visible en todos los medios de comunicación. Una de las medidas que ya se han puesto en marcha es la comunicación y publicación del presupuesto de la Casa del Rey en su web, incluido el patrimonio del monarca. También fue la de la figura de un interventor interno o la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas fiscalizase por primera vez los gastos de la institución.
Fue en ese punto donde entró la cuestión de la inviolabilidad del Rey y la teórica reforma del artículo 56.3 de la Constitución, que establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" de ningún tipo. Calvo opina que no está tan claro que para variar la condición de inviolabilidad del monarca haya que tocar la Constitución, cree que podría valer con la redacción de un Real Decreto.
La anterior vicepresidenta primera del Gobierno apuntó que dicha cuestión de inviolabilidad se podría determinar con algún retoque en la "ley orgánica de aforamientos" y una interpretación del precepto constitucional de modo que "la inviolabilidad sea lo que diga el legislador ordinario". Es consciente de que, en un país que cada día es más exigente en medidas para la igualdad y contra la corrupción, la sociedad no puede aceptar que "el jefe del Estado esté por encima de todas las leyes".
La causa contra el emérito
En uno de los decretos firmados para poner punto final a la causa del emérito, la Fiscalía explicaba por qué la inviolabilidad recogida en la Constitución protegió a Juan Carlos I: "En relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum (64, 8 millones de euros) en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra, cuyo titular real fue Juan Carlos de Borbón, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito".
El escrito prueba que Juan Carlos "estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado". Conductas del rey emérito podrían concluir en delitos fiscales, de blanqueo y de cohecho, y aún así el ministerio público cerró la investigación. En efecto, Juan Carlos era inviolable antes de su abdicación en 2014.
