Después de meses de bloque, el Gobierno ha conseguido desencallar las negociaciones en torno a la Ley Trans. Así el Ejecutivo ya ultima el anteproyecto de ley para la igualdad efectiva de las personas trans y la igualdad LGTBI, un texto que prevé aprobar el Consejo de Ministros el 29 de junio, en plena semana del Orgullo LGTBI.
Se ha salvado el que era el principal escollo dentro de los socios de Gobierno, Unidas Podemos y PSO: la libre autodeterminación de género, un requisito irrenunciable para el colectivo LGTBI y para el Ministerio de Igualdad que ha contado con la oposición frontal de la vicepresidenta primera. Tras meses de bloqueo, Pedro Sánchez ha apostado por apartar a Carmen Calvo, por lo que parece que el acuerdo, a pesar de que las negociaciones entre los departamentos implicados (Igualdad y Justicia) continúan y el texto aún no está cerrado, es ya una realidad.
El último borrador del Gobierno, el cual ha adelantado El Periódico, contempla una fórmula para que las personas trans puedan cambiar de sexo legal sin requisitos (ni informes médicos ni psicológicos como ahora, ni con presencia de un testigo, que era la pretensión inicial del PSOE). Tendrán que reafirmar su voluntad tres meses después de su solicitud en el Registro Civil. Así, quedaría reconocida la autodeterminación de género.
El borrador recoge que "toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo". En una primera comparecencia, la persona debe mostrar "su disconformidad" con el sexo que figura en el registro así como el cambio de nombre si lo deseara. El funcionario del Registro le informará de las consecuencias jurídicas de esa rectificación y le ofrecerá información sobre recursos de apoyo y asociaciones de protección de derechos a las que puede acudir si lo desea. Más adelante, "en el plazo máximo de tres meses", la persona encargada del Registro Civil deberá citarle para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, "aseverando la persistencia de su decisión". Desde entonces, en el plazo máximo de un mes, se dictará resolución, lo que alargará el proceso un máximo de cuatro meses.
Aunque en un principio el departamento de Irene Montero elaboró dos textos, uno de Ley LGTBI y otro de Ley Trans, finalmente se unificarán en una sola norma denominada "Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI'.
Fin a la patologización
Actualmente deben contar con un informe psicológico o psiquiátrico y haber estado dos años en hormonación, un proceso considerado abusivo y patologizante por las propias personas trans y que varios organismos internacionales llevan años reclamando modificar.
Con este avance incluido en la ley, bastará la voluntad de la persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni hormonación. La legislación acabará así con la patologización de las personas trans y reconocerá su identidad exclusivamente con un procedimiento administrativo sencillo en el Registro Civil
