El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, derogará la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma después de que VOX lo haya reclamado en el Parlamento de dicha comunidad.
Los conservadores han unido sus votos a los del partido de extrema derecha, sumando 19 votos a favor frente a los 16 en contra del PRC y PSOE que impulsaron la norma hace casi dos años desde el Ejecutivo regional. El texto insta al Gobierno a presentar a la mayor brevedad un proyecto de ley de derogación.
El debate ha generado un clima de tensión en el pleno, que ha contado con la asistencia de varias personas procedentes de asociaciones memorialistas, a quienes la presidenta del Parlamento, la popular María José González Revuelta, ha llamado la atención en varias ocasiones por aplaudir o hacer comentarios durante las intervenciones. Incluso, les ha pedido que abandonaran la cámara. "Es una vergüenza", han denunciado al salir del hemiciclo después de producirse la votación.
La portavoz de VOX, Leticia Díaz, ha valorado que la actual ley "omite por completo a una parte de las víctimas". "El dolor no tiene bandos", ha subrayado. A esta tesis se ha sumado Íñigo Fernández (PP), quien ha asegurado que la del anterior Gobierno de PRC-PSOE es "parcial, sectaria, caprichosa" y nació "sin diálogo" para "enfrentar a los cántabros".
Fernández ha criticado que, con la ley de memoria democrática, el secretario regional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, pretendía "decir a toda Cantabria de qué se podía hablar y de qué no", "subvencionar solo a las asociaciones memorialistas de un lado" y "adoctrinar en las clases".
Ha apostado, eso sí, por preservar dos aspectos de la legislación actual: el derecho de las familias "sea cual sea el bando" a recuperar si es posible los restos de las víctimas y los mecanismos para conservar la documentación existente.
PSOE y PRC defienden su texto
El PSOE ha defendido que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria "no es solo para un bando". Mario Iglesias, parlamentario socialista, ha señalado que este asunto "no se estaría debatiendo" en otros países europeos porque las políticas de memoria "son un deber del Estado democrático desplegado por gobiernos de distinto color". "Es un tema de justicia, los derechos humanos no se pueden someter a la voluntad política, se cumplen o no se cumplen", ha clamado.
Por su parte, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que había ofrecido la colaboración del PRC para modificar la ley y no derogarla porque "es necesaria", ha lamentado que en la sesión parlamentaria se han escuchado "cosas falsas y muy dolorosas para muchas de las víctimas". "Hoy se ha dudado si es necesario una ley y claro que hace falta", ha defendido.
