El Gobierno empieza a planificar la desescalada de las medidas de confinamiento con una premisa: un plan lento, muy escrupuloso y en el que haya capacidad de reacción ante cualquier tipo de repunte.
Uno de los objetivos es evitar una explosión de desplazamientos durante el día posterior a la desactivación del estado de alarma. Con ello, también, quiere reducirse la presencia de trabajadores que se prevé con el relajamiento de la cuarentena, lo que podría derivar en un aumento en el riesgo de contagios.
Con este objetivo, el Gobierno estudia ahora la ampliación del teletrabajo como una medida de "carácter preferente" en el escenario actual. Con ello, el trabajo desde casa podría extenderse hasta el inicio del verano.
Con todo ello, partiendo del final de la próxima prórroga del estado de alarma (10 de mayo) y con un plazo anexo de dos meses, el teletrabajo podría continuar hasta mediados del próximo mes de julio.
Sin embargo, esta medida continua debatiéndose en el seno del Ejecutivo, ante el próximo paquete de medidas que se activará cuando el Gobierno empiece la fase de vuelta a la normalidad en un escenario completamente diferente.
Con ello, también se extenderá el derecho de los trabajadores a modificxar su horario de trabajo en función de las necesidades familiares. Una medida que, actualmente, también supone una restricción de sueldo y sobre la que se barajaba una prestación especial que finalmente ha sido descartada.
Se permitirán ERTEs en empresas esenciales
Las empresas consideradas como esenciales, aquellas que mantienen sus tiendas abiertas y su actividad intacta, también podrían realizar un ERTE bajo las próximas modificaciones del decreto.
Por ejemplo, las empresas de transporte, de alimentación o las tintorerías, en función de sus circunstancias, mantienen una parte de sus trabajadores sin ninguna función porque el actual escenario ha obligado a reducir su capacidad de trabajo.
Con ello, se permitirían ERTEs delimitados a los puestos que actualmente no pueden desempeñarse por la cuarentena. Con ello, el Ejecutivo quiere garantizar los puestos de trabajo y un futuro para estas empresas.
Mientras tanto, el Ejecutivo continua estudiando la viabilidad de nuevas ayudas sociales a trabajadores afectados directamente por la actual coyuntura. El Gobierno quiere evitar en la medida de lo posible el empobrecimiento generalizado que podría sufrirse como consecuencia de las medidas recogidas en el estado de alarma.
