El Gobierno de José María Aznar (PP) regó con 150.841 euros a la Fundacion Nacional Francisco Franco entre los años 2000 y 2003. La institución tiene como fin "difundir la memoria y obra de Francisco Franco".
El Ejecutivo llevó a cabo esta medida enmarcada dentro de las ayudas para entidades privadas "sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos (microfilmación)", tal y como se recoge en la respuesta a la pregunta parlamentaria que ha realizado el grupo En Marea.
Las ayudas se destinaron, aparentemente, para digitalizar el archivo histórico de la fundación, pero por el momento no se conoce con exactitud qué documentos digitalizó la fundación y cuál fue el resultado final de ese trabajo sufragado con dinero público. El Ejecutivo ya había reconocido previamente que la institución privada aún conserva documentos clasificados como "secretos", cuando dicha información debe ser custodiada por las instituciones gubernamentales, tal y como dicta la ley.
El Gobierno se defiende, y afirma que las subvenciones no se concedieron "de forma directa", sino "con cargo a las convocatorias públicas de ayudas, de libre concurrencia" para "proyectos archivísticos".
Hay que reconocer que la Fundación Francisco Franco no ha recibido ningún tipo de subvención desde 2003 y que lo contrario incumpliría la ley de Memoria Histórica, por lo que podría considerarse un delito de prevaricación. A pesar de ello, la oposición en el Congreso está intentando buscar fórmulas que impidan de manera directa al Ejecutivo conservador otorgar ningún tipo de subvención pública a esta entidad en un futuro próximo.
Sin embargo, llama la atención que la organización haya recibido subvenciones públicas, cuando su presidente Alonso García, ha sido portada en numerosas ocasiones por decir perlas del siguiente estilo: "El régimen de Franco sólo fusiló a 23.000 personas y no fue por capricho", unas palabras que hicieron mucho daño a los familiares de las víctimas del régimen dictatorial.
Una respuesta que no satisface las demandas
Sin embargo, la respuesta del Gobierno no ha satisfecho a los diputados Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz, que han redactado la pregunta. Ellos denuncian que su pregunta pedía conocer la cuantía de las ayudas públicas percibidas por la Fundación desde su inicio, desglosadas por ejercicios fiscales y con indicación concreta de las fechas, conceptos y cuantías abonadas.
"Nos encontramos con que el Ejecutivo de Rajoy solo explica las ayudas desde el año 2000 al 2003, donde se destinan más de 150.000 euros para proyectos archivísticos y/o difusión del patrimonio", ha denunciado Gómez-Reino, que también ha criticado que el "Gobierno no está facilitando toda la información", han criticado ambos diputados.
Y llegados a este punto, los diputados consideran que el Ejecutivo de Rajoy puede estar ocultando otra serie de ayudas: "Queremos investigar estas cuentas para comprobar si la Fundación recibe otro tipo de ayudas con cargo a fondos públicos para impedir, a través de diversas iniciativas en el Congreso, que esto siga ocurriendo". Dentro de poco conoceremos si el Gobierno de Rajoy ha podido ocultar dichas subvenciones o si, básicamente, no existen.
