Se presentaron varias denuncias contra el Obispado de Alcalá de Henares por la impartición de las mal llamadas terapias para "curar" la homosxualidad. Tres años después de que salieran a la luz este tipo de prácticas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido dar carpetazo a la investigación.
La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad e Madrid ha descartado sancionar a la institución en manos del obispo José Antonio Reig Plá arguméntanos que las pruebas aportadas pueden vulnerar "el derecho a la intimidad" de la supuesta terapeuta que impartía los tratamientos, la cual no estaba ni colegiada.
En los escritos que han recibido FACUA y Más Madrid, dos de los denunciantes, se informa de la decisión de cerrar el periodo de información previa y "no incoar procedimiento sancionador alguno".
Lo cierto es que estas peligrosas terapias están prohibidas según la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid que califica su promoción como una infracción "muy grave" con multas de hasta 45.000 euros.
Sin embargo, el Ejecutivo de Ayuso ha preferido mirar hacia otro lado escudándose en un informe emitido por el servicio jurídico de la Consejería, que propone cerrar el expediente al considerar que las pruebas aportadas por El Diario "pueden afectar al derecho a la intimidad". "Las circunstancias periféricas de la grabación implican que se han rebasado las expectativas de privacidad" de la persona que ha sido grabada, reza el informe. Se refiere a la trabajadora de la diócesis de Alcalá que impartía las sesiones, en las que vinculaba la homosexualidad a "pequeñas taras" y "heridas afectivas" así como a una vida "de sufrimiento" y "degradación".
Las grabaciones aportadas por el medio anteriormente citado son calificadas como "ilícitas" por lo que recomienda no incorporarlas al procedimiento. Asegura que no eran "necesarias" para satisfacer el interés general "aplicando el canon constitucional de proporcionalidad en su contraste con los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen de la persona afectada". Pese a que este tipo de terapias son ilegales, señalan que las pruebas se obtuvieron "sin el consentimiento" de los interlocutores.
"Surrealista" y un "disparate"
Esta decisión ha despertado la indignación de los partidos y organizaciones que presentaron denuncia. Eduardo Rubiño, diputado de Más de Madrid, lo califica como un caso de "enorme gravedad" sobre ele que "existen pruebas y víctimas dispuestas a prestar declaración". Denuncia además que el Gobierno de Ayuso "ha dilatado los plazos y no ha comunicado en tiempo y forma a los denunciantes la resolución".
Desde FACUA han anunciado que recurrirán el archivo del proceso. Rubén Sánchez, secretario general del organismo, considera "surrealista" y "un disparate" que la Comunidad recurra al derecho a la intimidad "de quienes cometen irregularidades" para cerrar el caso y lamenta "el uso torticero del derecho a la intimidad que hace para proteger los intereses de quienes están llevando a cabo prácticas que son absolutamente aberrantes".
