Tras dos años de espera, este lunes el Gobierno finalmente aprobará la Ley Trans que defiende los derechos del colectivo LGTBI y, sobre todo, de las personas transexuales. Se prevé que esta ley llegue al Consejo de Ministros en segunda vuelta con el objetivo de comenzar su tramitación.
Esta aprobación tiene lugar en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, una celebración famosa en todo el país y respaldada por el Gobierno. Sin embargo, esta ley no solo ha sido rechazada por los sectores más conservadores, sino también por colectivos feministas transexcluyentes, los cuales consideran que atenta contra los derechos de las mujeres.
Autodeterminación de género desde los 16 años
Esta ley ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad, presidido por Irene Montero. En el texto destaca sobretodo la autodeterminación de género, sin necesidad de informes médicos y consentimiento parental, a partir de los 16 años. Esta nueva modificación de la legislación supone un paso adelante para las personas del colectivo trans, quienes podrán realizar un cambio de género en el Registro Civil sin necesitar un informe ni clínico ni psicológico que lo acredite.
Una vez solicitado el cambio de género por parte de las personas transexuales, su informe pasará a un período de reflexión de tres meses. Gracias a esto, las personas trans dejan de estar obligadas a hormonarse durante al menos dos años y a tener un diagnóstico calificado como "disforia de género", lo que supone despatologizar a estas personas.
Otras medidas a favor del colectivo LGTBI
Además, la nueva ley propone un mejor acceso a todas las mujeres (incluyendo las lesbianas o solteras) a tener acceso a nuevas técnicas de reproducción asistida, algo que hasta ahora solo podían las personas con una pareja heterosexual. También incluye la filiación de los hijos de las parejas de personas lesbianas y bisexuales sin tener que estar casadas.
Con esta nueva normativa también se prohibirá cualquier tipo de terapia de conversión contra el colectivo LGTBI destinadas a modificar o forzar su orientación sexual o expresión de género de estas personas. Desde el Ministerio de Igualdad han declarado su intención de que esta ley ampare también a las personas refugiadas e inmigrantes con papeles.
Posturas críticas con la Ley Trans
La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido una de las personas que se ha mostrado más recelosas con esta nueva ley propuesta por Irene Montero. Calvo advirtió de que esta propuesta podría ser "un peligro para 47 millones de españoles". El Consejo General del Poder Judicial es uno de los que más trabas ha puesto a este informe, concretamente al no cumplir los plazos para emitir el texto.
Desde su punto de vista, el CGPJ considera que la autodeterminación de género es algo positivo pero creen que debería estipularse a partir de los 18 años en lugar de a los 16. Asimismo, este órgano considera (al igual que varios colectivos feministas) que esta ley podría "discriminar" a las mujeres en temas como la violencia de género o las normas deportivas de género. No obstante, la postura del CGPJ no es vinculante. Cabe recordar que también se opuso a la ley del matrimonio igualitario.
