El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado finalmente el decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La modificación de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá evitar las demandas de la familia del dictador, ha salido aprobada gracias a los votos de Podemos, los socios catalanes de ERC y el PDeCAT; así como el PNV.
Por el contrario, PP y Ciudadanos han decidido abstenerse en la votación. A falta de concretar los planes del Ejecutivo, todo apunta a que se realizará el proceso de la manera más discreta posible. En este sentido, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ya había mostrado su interés en evitar protestas durante el traslado de los restos.
A pesar de la postura de ambos grupos parlamentarios, dos diputados del PP han votado en contra del decreto. Son Jesús Posadas, expresidente del Congreso y José Ignacio Llorens. Ambos han asegurado que han actuado "por error", incumpliendo la disciplina de su grupo parlamentario.
También falta concretar hacia dónde se desplazará el cuerpo del dictador. La familia de Franco ya ha anunciado que los reclamará, aunque aún no ha realizado ninguna petición formal. Si lo hacen, probablemente se optará por el panteón que los allegados del dictador mantienen en el cementerio de El Pardo, cercano al palacio en el que residía durante su mandato.
Si se negasen a recibir los restos de Franco, el Gobierno optaría por mandarlos a un osario común. Aunque esta opción, al menos por el momento, cuenta con muy pocas posibilidades de prosperar.
Criticas a la decisión
Los grupos con mayor importancia en el Parlamento a la hora de oponerse a esta medida han sido PP y Ciudadanos. Los de Albert Rivera han asegurado que esta medida se ha aprobado por la vía que consideran "incorrecta", en referencia al trámite 'de urgencia' que se ha otorgado en la Cámara Alta.
El PP también ha criticado ese carácter de "urgencia" y ha defendido la permanencia de Franco en el conjunto, aunque con el siguiente matiz: "yo no gastaría ni un solo euro en sacar a Franco", dijo Pablo Casado.
A pesar de todo, la operación del Gobierno ya no tiene marcha atrás y previsiblemente se ejecutará antes de que termine este año 2018.
