España es oficialmente un Estado aconfesional, pero la Semana Santa es una cita ineludible para que el Gobierno, sea del signo que sea, conceda algún que otro indulto a propuesta de las cofradías católicas.
La tradición, que se mantiene desde que en 1759, supuestamente, un grupo de presos consiguiese acabar con la peste en Málaga tras procesionar a Jesús el nazareno, ha permitido que este año 2017 se hayan librado de la cárcel hasta siete personas, cinco de ellos detenidas por tráfico de drogas, uno por estafa con delito continuado de falsedad documental y otro por robo con fuerza.
El Gobierno se defiende, asegurando que las cofradías utilizan el procedimiento que establece la ley de 1870 para conceder el indulto, algo que puede hacer cualquier otro ciudadano.
De los 27 indultos que el Gobierno concedió a lo largo de todo 2016, 13 de ellos se concedieron a tenor del criterio de las cofradías católicas. Es decir, casi la mitad de las personas que eludieron la cárcel durante dicho año lo hiceron bajo el criterio de una confesión religiosa a pesar de que España se considera un Estado aconfesional. Ninguna otra religión ha tenido ese poder. Y todo ha sucedido con gobiernos tanto del PP como del PSOE.
Llama aún más la atención los indultos que concedió el Gobierno durante la Semana Santa de 2016, ya que se encontraba, precisamente, en funciones y no contaba con el apoyo del Parlamento, en el que reside la soberanía popular. ¿Debería un Gobierno en funciones poder conceder este tipo de medida de gracia?
Críticas por parte de algunos sectores
El mantenimiento de esta tradición no ha contado precisamente con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Europa Laica, en declaraciones a Público, considera que "estos indultos privilegian a los devotos y a las entidades de una determinada doctrina religiosa que, con ello, gozan de unos derechos diferentes al resto".
Por todo ello, critican lo que consideran "un disparate político y jurídico, que no respeta la neutralidad estatal en materia religiosa" y recuerdan que la Carta Magna recoge que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".
Muestra de todo ello, podría ser lo que ha ocurrido este 2017 con la cofradía de Jesús El Rico de Málaga. Por primera vez en 160 años, el Gobierno no ha indultado a ninguno de los propuestos por esta cofradía. El motivo: los aspirantes eran inasumbiles al contar con delitos de sangre o pertenencia a banda armada.
La noticia provocó tal indignación en el grupo religioso, que se vio obligado a solicitar una reunión de urgencia con la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, no consiguieron consensuar una salida porque el Ejecutivo no encontraba ninguna fórmula con la que la cofradía se diese por contenta.
En medio de todo el revuelo, el Gobierno ofreció conceder la libertad provisional a un preso y liberarlo en un mes con un indulto exprés. "Lo que se nos ofrece sería el inicio de un expediente de indulto, pero no se produce un acto en sí de liberación, por lo que no queremos engañar a nadie ya que no es la puesta en libertad del reo", ha afirmado el líder de la congregación, Antonio Martínez, para rechazar la propuesta -que ha contado con el apoyo del resto de religiosos-.
Indultos polémicos
Durante el año 2016 el Gobierno concedió un total de 27 indultos, a pesar de que se ha encontrado en funciones entre enero y octubre, es decir, prácticamente todo el año.
Entre todos los indultos de 2016 hay algunos bastante sonados. Por ejemplo, un promotor inmobiliario que estafó a varias familias vendiendo viviendas que no iba a construir, el dueño de un bar condenador por "ruidos intorerables" pese al precinto policial, un policía local de Caudete, en Albacete, que falsificó un documento de puesta en libertad de un detenido que se había perdido, un hombre que dejó cicatrices en la cara a otro en una pelea en la puerta de un bar de Sant Boi del Llobregat o dos empresarios que estafaron a sus socios.
Además, se indultó a otras seis personas implicadas en un escándalo de corrupción en Rota (Cádiz). Todos ellos habían sido condenados por un delito de prevaricación continuada en el caso Horas Extra. Al parecer, dieron un contrato a un funcionario -algo ilegal- y, además, lo hicieron vía horas extra, algo irregular. De esta forma, todos ellos eludieron la cárcel y consiguieron mantener sus puestos de trabajo, a pesar de estar formalmente condenados por haber prevaricado de manera continuada.
Sin embargo, la cifra de indultos en términos totales ha descendido desde el año 2013 de manera importante, y se sitúa lejos del año récord, 2000, cuando el Ejecutó liberó a un total de 1.744 personas.
