El debate sobre el aborto ha vuelto a la primer línea política después de las medidas que anunció el Gobierno de Castilla y León, primero en una nota y después en rueda de prensa protagonizada por el vicepresidente de la región, el ultraderechista Juan García-Gallardo, que subrayó que se obligaría a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que quisieras abortar escuchar el latido del feto y ver una ecografía en 4D. Esto sí, fue incapaz de detallar estas medidas en profundidad porque, tal y como dijo él mismo, no entiende "de embarazos".
Lo que sí dejó claro el de VOX es que estas medidas serían "imperativas" para todos los médicos, lo que ha desatado una tormenta política incluso dentro del ejecutivo castellanoleonés, con el consejero de Sanidad e incluso el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, saliendo a matizar que respetaría el derecho a decidir de las mujeres y que no se trataba de ninguna obligación.
"La voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en esta región. (...) No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada", ha explicado, a pesar de que García-Gallardo ha seguido insistiendo en su tesis.
Entre esta confusión ante estas medidas antiabortistas, el Gobierno central ha movido ficha enviado un requerimiento a la región instando a no aprobar medidas que establezcan "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".
A través del Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo exige al Gobierno de Fernández Mañueco que las pruebas diagnósticas "no contravengan el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas".
Comunicado del Gobierno en relación al anuncio de la Junta de Castilla y León de restringir los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/egcp0ijtkZ
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 15, 2023
Las medidas en contra del aborto anunciadas por la extrema derecha aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, pero desde Moncloa ya han avanzado que estudiarán todas las medidas judiciales y legales a su alcance para que se adopten y proteger así el derecho de las mujeres.
Según avanza La Vanguardia citando fuentes de La Moncloa, no se descarta la posibilidad de aplicar el 155 en Castilla y León, aunque por el momento consideran "prematuro" y "aventurado" pensar en una medida de estas características. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE, ha afirmado que por ahora "el Gobierno no está ahí", sino a la espera de una respuesta del Gobierno de Castilla y León.
Así se aplica el 155
El artículo 155 de la Constitución Española dice lo siguiente: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Para su aprobación es necesario, primero, el envío de un requerimiento, paso que ya ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, y posteriormente su aprobación, por mayoría absoluta, en el Senado, la cámara territorial. Con este visto bueno, "El Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades" de, en este caso, Castilla y León, asumiendo algunas de sus competencias.
La única vez que en España se ha aplicado el 155 fue en el año 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió a esta herramienta constitucional y destituyó por completo al gobierno de la Generalitat, disolvió el Parlament de Cataluña y convocó elecciones autonómicas.
