El Gobierno español ya está aplicando el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. Lo hace de facto, no de iure, ya que el Gobierno de la Generalitat y el Parlament continúan siendo, de manera oficial, la representación del Gobierno central en la autonomía catalana.
La estrategia de Mariano Rajoy con Cataluña ha pasado por dejar a los jueces la parte "menos amigable", entre la que se ha encontrado desarticular la c´upula del referéndum o registrar las sedes de aquellas empresas que han provisto de material a la consulta.
Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (interlocutora de la Moncloa en Cataluña en el marco de la fallida 'Operación Diálogo'), tienen la intención de aplicar el 155 por partes, de la manera menos traumática posible y, si es posible, sin activarlo de manera oficial.
El Ejecutivo presidido por Rajoy está actuando, por tanto, poco a poco. Teniendo en cuenta que el artículo 155 en su disposición primera asegura que el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad al cumplimiento forzoso de las obligaciones o protección del interés general" cuando atenta "contra el interés general de España", se puede considerar que el Gobierno tiene a la ley de su parte.
El PSOE, además, también ha asumido que se tendrá que activar el artículo en el caso de que el 1-O, tal y como parece, continúe hacia adelante. Pero, ¿qué puntos ya ha aplicado el Gobierno?
1 Intervención de cuentas
Es el punto fundamental, y el que prueba la aplicación del artículo: el Gobierno decididió el pasado 15 de septiembre intervenir todas las cuentas de la Generalitat, con el fin de que no se ejecutase ninguna partida a favor del referéndum.
Si tenemos en cuenta que los presupuestos rigen la acción de Gobierno y que están aprobados por el Parlamento autonómico, podría llegarse a la conclusión de que el ministerio de Hacienda está interviniendo las cuentas de manera directa.
La prueba de ello se encuentra en que la nómina de los funcionarios de la Generalitat depende actualmente del Ministerio de Hacienda en vez de los fondos del Gobierno autonómico.
El plazo de actuación se fijó por entonces "hasta que termine la situación de excepcionalidad", una alusión directa a los suspuestos que se recogen en el artículo de la Constitución.
Junto a estas medidas, el Gobierno solicitó también la colaboración de la banca para evitar que la Generalitat encontrase financiación para el referéndum que ahora quiere paralizar el Ejecutivo de la Moncloa.
2 Limitación de la acción de Gobierno
Junto con la intervención de las cuentas, la Moncloa también se ha garantizado que la acción de Gobierno de los altos cargos de la Generalitat quede supeditada a la situación de excepcionalidad que vive el país en la actualidad.
Un ejemplo claro de ello se encuentra en la imposibilidad de que personalidades como Puigdemont u Oriol Junqueras puedan sufragar de su propio bolsillo cualquier acto relacionado con el referéndum: sus tarjetas también están intervenidas.
De esta forma, el Gobierno evitará que se pague como gasto de representación, por ejemplo, la asistencia a un acto del referéndum a cargo del erario público.
También hay que tener en cuenta la suspensión de las páginas web del referéndum en las que, por ejemplo, se proporcionaban listas de mesas electorales o instrucciones sobre cómo acudir a votar.
3 El Gobierno asume los servicios sociales
Los servicios sociales, en concreto, sanidad y educación, están en manos del Gobierno central, al menos de facto. Desde su descentralización por parte del Gobierno de José María Aznar, la educación y la sanidad eran competencia exclusiva de las Comunidades autónomas.
Ahora, en Cataluña, es el Ministerio de Hacienda el que está financiando todo los servicios que anteriormente dependían de las Consejerías de Sanidad y Educación.
4 Competencias en materia de seguridad
Ha sido la última noticia por el momento: el Ejecutivo asumirá el mando de los Mossos d' Esquadra para coordinar una respuesta con la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Las autoridades ya ordenaron al Major Trapero que ordenase todas las actuaciones en su mano para paralizar la consecución de una consulta que ha sido suspendida por la Justicia. El jefe de los Mossos aceptó la orden.
Ahora, el Gobierno asegura que esta acción va encaminada a coordinar una mejor respuesta, aunque todo hace pensar que forma parte de la suspensión progresiva y temporal de funciones de la Generalitat.
5 ¿El Govern asume que el 1-O fracasará?
La acción del Govern parece que va encaminada a ello. Por ejemplo, la Generalitat está proporcionando a las autoridades españolas una relación con todos los gastos que están ejecutando.
Además, el ejecutivo autonómico está acatando prácticamente todas las órdenes que llegan desde Madrid, a pesar de que Puigdemont continúa ofreciendo información sobre cómo votar en los colegios electorales.
La estrategia parece ser que, ante un previsible fracaso del referéndum, el ejecutivo autonómico convoque nuevas elecciones. Si se hacen con rapidez, los altos cargos del Govern podrán evitar la inhabilitación.
Si consiguen ganar las nuevas elecciones, contarán con un argumento muy importante para que la Justicia no pueda hacer nada contra ellos: acaban de recibir el apoyo de la mayoría de los votantes.
Lo que ocurrirá después del 1-O es una completa incógnita, pero las teorías al respecto se suceden continuamente.
