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El Gobierno advierte a Castilla y León que acudirá a la Justicia si aplica las medidas contra el aborto

El Ejecutivo advierte al gobierno autonómico de PP y VOX que acudirá a la justicia si sigue con sus planes 'antiabortistas'.

El Gobierno advierte a Castilla y León que acudirá a la Justicia si aplica las medidas contra el aborto

El gobierno autonómico de Castilla y León del Partido Popular y VOX, dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, ha propuesto un protocolo de actuación para restringir los abortos en la comunidad. Este plan ofrecería a las mujeres embarazadas, que se planteen abortar, una derivación a equipos de salud mental y una ecografía en 4D , además de que obligaría a los médicos a ofrecer a los progenitores escuchar el latido del bebé.

La respuesta desde Moncloa no se ha hecho esperar y, a través de un comunicado oficial, el Gobierno central se ha pronunciado sobre el tema: "El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. Velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna".

El Ministerio de Sanidad ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León que se abstenga a aprobar y aplicar cualquier medida que vulnere lo estipulado en la vigente ley de la Interrupción Voluntaria del Aborto. Añaden además que, en el caso de que ya haya sido aprobada, se cese inmediatamente cualquier protocolo de actuación antiabortista.

Desde el Ejecutivo exigen además que "no se realicen pruebas diagnósticas que desde el punto de vista de la práctica médica contravengan el conocimiento científico actual". Se insta a la consejería además a comunicar cualquier instrumento o protocolo mediante el cual se pretendan llevar a cabo las acciones anunciadas.

La respuesta de Castilla y León

El gobierno autonómico ha respondido al comunicado de la Moncloa alegando que se va a respetar la libertad de las mujeres y el "estricto criterio médico" será la base sobre la que se aplicarán las medidas. Advierte además al Ministerio de Sanidad que se abstenga de requerimientos a la Comunidad Autónoma ya que se entiende como una "vulneración de las competencias de la autonomía".

"La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se requieran, dentro del conocimiento médico actual y del marco de la normativa general y específica actual, respetando siempre los derechos de la mujer embarazada y los del personal sanitario", insisten desde el ejecutivo autonómico.

La Junta de Castilla y León añade además que, en el caso de que el Gobierno no atienda el requerimiento que se enviará a la Moncloa sobre este protocolo, se emprenderán acciones legales, ya que consideran que consideran que las acciones anunciadas por el ejecutivo nacional "van en contra del ordenamiento jurídico".

"Están incentivando la pro culpa de las mujeres"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en Cadena Ser, ha cargado contra el gobierno de Mañueco por su insistencia en seguir con el protocolo de actuación en contra del aborto defendido por VOX. "No se le pueden ofrecer pruebas complementarias antes de aborta. Están incentivando la pro culpa de las mujeres. Va en contra de la ley. Castilla y León no puede hacerlo".

La socialista ha recalcado que la legislación sobre el aborto es de competencia nacional, por lo que Castilla y León carece de la capacidad de interferir en dicha ley. Darias recuerda además que el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en cuanto al cumplimiento de la Constitución, ha afirmado que la decisión sobre el aborto se debe de tomar "libremente, sin interferencias de terceros", por lo que, ha insistido, desde la Moncloa se recurrirá a "todos los mecanismos legales al alcance para defender los derechos de las mujeres".

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