El colectivo LGTBI es uno de los objetivos del fascismo, por lo que en Italia, donde gobierna la extrema derecha con Giorgia Meloni a la cabeza, ya han comenzado a desplegar leyes para recortar sus derechos. Así, se va a prohibir a las parejas homosexuales inscribir a sus hijos e hijas en el registro civil.
En concreto, la norma se refiere a los niños y niñas nacidos en por fecundación asistida, en el caso de las lesbianas; o por maternidad subrogada en el extranjero, en el caso de los gays. Por el momento esta norma no afectará a las adopciones.
Esto se produce después de que el Senado italiano haya rechazado el Certificado Europeo de Paternidad, impulsado por la Comisión Europea (CE). Con ello se busca que los países de la Unión Europea reconozcan la paternidad establecida y legal en otro Estado miembro, incluidas la de familias LGTBI.
Con once votos en contra y siete a favor, la propuesta de Bruselas fue reprobada por la Comisión de Políticas Europeas del Senado italiano. El rechazo contó con el apoyo de la coalición ultraderechista gobernante, liderada por Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), mientras que todas las formaciones de la oposición votaron a favor de la propuesta de la UE.
Críticas desde la oposición
Esta medida es posible en Italia al ser uno de los países de Europa con menor reconocimiento de derechos al colectivo LGTBI debido a la arraigada influencia que el catolicismo ejerce en el país. No existe una legislación que tutele los derechos de las parejas homosexuales y compete a los ayuntamientos la inscripción de los nacimientos.
Para la oposición italiana, liderada por los socialdemócratas del Partido Demócrata (PD), ese rechazo supone un obstáculo para los derechos de los menores, especialmente de parejas del mismo sexo. "El dictamen de la mayoría sitúa a Italia al lado de Polonia y Hungría al restringir el perímetro de derechos. Este reglamento propuesto por la Unión Europea no afectaba en absoluto a las leyes y reglamentos italianos", ha denunciado la portavoz del PD en el Senado, Simona Malpezzi.
Según Malpezzi, la propuesta solo garantiza que "los niños con estatuto de menores en un determinado país de la UE puedan tener el mismo estatuto que los niños del país europeo al que se trasladan con sus padres, anteponiendo siempre el derecho prioritario de los menores". Ya hay manifestaciones convocadas a lo largo de todo el país en contra de esta norma.
