La formación de Albert Rivera siempre se posicionó a favor de la gestación subrogada, un debate ya abierto en el Congreso y que se planteó en el seno del PP con buen resultado.
La actual división de fuerzas puede ser determinante para la aprobación de la gestación subrogada, conocida vulgarmente como 'vientes de alquiler', que sin embargo no cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de la Cámara.
Consideran que este tipo de políticas contribuye a la cosificación de la mujer y a la mercantilización de sus cuerpos. Para que los partidos de este espectro de la Cámara se posicionen a favor, Ciudadanos ha lanzado en el Congreso una nueva propuesta: que la medida sólo se permita con carácter altruista (no haya dinero de por medio) y que sólo se puedan aprobar los casos en los que la madre gestante tenga más de 25 años.
Además, la formación naranja quiere garantizar que todas las mujeres que cuenten con permiso sean españolas o al menos sean residentes legales, así como que cuenten con una situación socioeconómica estable. Se quiere evitar de esta forma que ninguna mujer se vea obligada a emplear su cuerpo como forma de subsistencia, algo que provoca un rechazo unánime desde los colectivos feministas.
Diferentes posicionamientos
Mientras que Ciudadanos se posiciona abiertamente a favor de la medida, el resto del arco parlamentario muestra un rechazo contundente o, al menos, recelo.
Quien se ha opuesto de manera más tajante a la medida ha sido el PSOE, que rechazó a mediados de junio cualquier legislación que regule esta medida. Podemos, por su parte, considera que la aprobación de la gestación subrogada puede abrir la puerta a la "mercantilización de los cuerpos", pero también reconoce que hay posiciones enfrentadas en el partido y que aún no cuentan con una postura oficial.
En el Partido Popular, determinante para aprobar esta medida, la situación es homóloga a la de Podemos: no hay consenso ni una postura definida. El vicesecretario de formación, Pablo Casado, ha asegurado que mantiene "prudencia".
La posición de los técnicos de la Administración parece más contundente: una completa negativa. Así lo afirmó el Comité de Bioética de España, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En este caso, prefirió promover un marco internacional que garantice la prohibición de esta práctica para "garantizar los derechos de la mujer y del niño". Igual postura mantiene la Plataforma por las libertades.
Rivera, mientras tanto, asegura que únicamente defenderá este tipo de prácticas en el caso de que no haya lucro: "¿Porqué no podemos donar vida? ¿Por qué no podemos ayudar a otras personas a ser padres libremente, siendo mayor de edad, sin remuneración y de manera voluntaria?", se preguntaba el líder de la formación.
El problema queda ahora en qué controles se establecerían para garantizar que se cumplen todos los requisitos impuestos por la ley, y no dejar abierta la puerta a la picaresca para posibles pagos en negro. La formación naranja tiene muy difícil aprobar esta medida teniendo en cuenta la composición del Congreso.
