El Govern de la Generalitat Valenciana se encuentra dispuesto a legalizar la marihuana. Esa es la medida que forma parte del denominado como pacto del Botànic (entre PSPV, Podemos y Compromís) y que prosperará si el tripartido mantiene su postura en la votación de las Corts.
En la medida se plantea la despenalización del cultivo y distribución sin ánimo de lucro para el cannabis con uso terapéutico. Sin embargo, la medida depende del Gobierno central, que debería flexibilizar la actual norma sobre estupefacientes.
Mientras tanto, el tripartito se encuentra en negociaciones y estudios para comprobar cómo se puede regular la distribución del cannabis terapéutico sin incumplir el marco legislativo nacional. La medida se aprobará en el Parlamento porque las formaciones mencionadas cuentan con mayoría absoluta.
En la mecionada comisión que se celebrará en el Parlament, se incluirá la opinión de varios médicos, psicólogos, trabajadores sociales especializados y asociaciones de usuarios de cannabis (50 radicadas en la Comunidad Valenciana). Además, no faltará la experiencia de los propios enfermos, que utilizan esta sustancia para evitar los efectos secundarios de los tratamientos invasivos, tal y como relata el diario Levante.
Evitar problemas legales y fomentar la recaudación de impuestos
Sin embargo, el mayor escollo se centra en los problemas legales que podría representar esta normativa. Por ello, la comisión se centrará en este punto y en conocer los "efectos beneficiosos" de esta sustancia, con el fin de fortalecer las negociaciones con La Moncloa.
Por otro lado, el Govern también elaborará un análisis de los puestos de trabajo y recaudación de impuestos que podría generar esta medida. Para evitar polémicas, también se elaborará un manual de buenas prácticas, un reglamento de régimen interno y se limitará su distribución al ámbito sanitario y prescripción médica.
Por el momento, la legalización del cannabis cuenta con el apoyo de la Ley Mordaza, que no sanciona los cultivos que no sean visibles a la vía pública. Por otro lado, el Tribunal Supremo también reconoce que el autocultivo no tiene trascendencia penal.
Sin embargo, para el ámbito sanitario y para la distribución de esta sustancia, Moncloa debería modificar la ley de Estupefacientes de 1967 y la del medicamento de 2006. Por ello, todo depende del Gobierno central. Si cediese, se abriría la puerta para extender la medida al resto de España.
Se amparan en la ONU
En el informe previo al debate de esta ley, el tripartito (con mayoría absoluta) se ampara en que las Naciones Unidas han flexibilizado el consenso prohibicionista que actualmente rige en la mayor parte del mundo, incluido nuestro país.
La organización internacional afirma que la prohibición no sirve para luchar contra el consumo de este estupefaciente, al constatarse su fracaso. A renglón seguido, abogan por regularizar su venta, al igual que sucede en varios Estados de EEUU o en Latinoamérica.
Por el momento, la única forma de acceder al consumo de marihuana de manera legal se encuentra en los denominados club cannábicos, repartidos por toda España. Actuando en los límites de la legalidad, estas asociaciones deben sufragar el cultivo a través de la recaudación de los socios y no pueden obtener ningún tipo de beneficio económico.
La falta de un límite claro ha provocado el cierre de varias asociaciones. Por el momento, hay mil clubes cannábicos repartidos por toda España.
