Todos recordaréis, sin lugar a dudas, el famoso autobús tránsfobo de Hazte Oir. Esta asociación hizo una campaña contra la transexualidad en menores de edad, y usó como principal instrumento de divulgación un autobús que fue viajando por distintas ciudades de España. El autobús tenía un simple lema en su lateral: "Los niños tienen penen. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen". De esta forma, buscaban criticar la transexualidad, y hacerla ver como algo "anti-natural".
Ahora, la Generalitat ha decidido imponer una sanción de 1.707 euros a Hazte Oir por esta campaña, puesto que la considera una "falta leve" dentro del marco de la aplicación de la ley contra la LGTBIfobia. Es la cuarta vez que se aplica esta ley desde que se impuso por primera vez.
La primera vez que desde Cataluña trabajaron con esta ley fue en septiembre de 2016, por actitudes que tuvo un trabajador de una residencia. La segunda fue por insultos que recibió una pareja de mujeres que se besaron y, tras la muestra de cariño, fueron increpadas. La tercera fue a un profesor del Instituto Samuel Gil Gaya, que fue denunciado por haber dicho que la homosexualidad era algo antinatural en clase por lo que tuvo que pagar 417 euros.
Fue en febrero de este año que la Dirección General de Igualdad de la Generalitat quiso llevar a la Fiscalía de Delitos de Odio este autobús, por considerarlo parte de una campaña tránsfoba y que atentaba directamente contra la libertad de las personas transexuales. No fue la única vez que la justicia trató de impedir que el autobús continuara circulando, sino que en marzo los propios Mossos d'Esquadra lo inmovilizaron y lo retiraron de las calles. Además, el propio ayuntamiento de Barcelona avisó de que las multas podrían llegar hasta los 3.000 euros. Y es que en este caso no estamos hablando de libertad de expresión, sino de atentar contra la libertad de otras personas, de coartar sus derechos.
Rajoy mantiene los privilegios fiscales a Hazte Oír
A pesar de las promesas del Gobierno de Mariano Rajoy, la organización ultracatólica Hazte Oír continúa siendo considerada de 'utilidad pública', un estatus que le permite ahorrarse un dinero importante a la hora de pagar impuestos y gozar de todo tipo de tratos de favor.
La ley actual (1/2002), afirma que para que una organización alcance el mencionado privilegio, tiene que cumplir el siguiente requisito: "Que en sus fines estatutarios se incluya la promoción del interés general (educativo, promoción de los valores constitucionales, de derechos humanos, protección a al infancia etc)". Queda abierto el debate en torno a si esta organización lo cumple.
Ante la oleada de críticas que despertó la campaña del autobús naranja, con el que recorrieron todos los colegios de España para fomentar el odio, la discriminación y el acoso escolar en contra de todos los menores trans, el Gobierno anuncó el pasado 8 de marzo en el Congreso de los Diputados que, independientemente de las acciones judiciales y fiscales abiertas, se investigaría "si se han incumplido algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión y, en ese caso, se procederá a la revocación".
Las palabras llegaron por parte del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Sin embargo, meses después, continúan siendo un simple 'brindis al sol': el Gobierno no ha movido ficha. Y todo, después de que el antecesor de Zoido en el cargo, Jorge Fernández Díaz (conocido por sus vínculos con el Opus Dei al que se afilió tras una noche de juega en Las Vegas), le otorgase ese estátus especial.
Gracias a todo ello, la asociación no paga el IBI de sus inmuebles, no tributa aquellas actividades realizadas con carácter de servicio social y paga menos impuestos que el resto por los beneficios económicos que obtiene de sus actividades. Sus donantes, por otro lado, se benefician de múltiples deducciones fiscales por su apoyo a esta asociación.
Con ello, alcanzan finalmente un presupuesto anual de 2,5 millones de euros, del que sacan constantemente pecho de no recibir subvenciones a pesar de que Esperanza Aguirre se las concedió a través de la Agencia de Cooperación cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid, tal y como recuerda El Diario.
