El ayuntamiento de Madrid regaló 16 millones de euros a varias empresas relacionadas con los casos Lezo y Púnica. Así lo atestigua el pliego de una licitación pública que el Consistorio firmó durante las épocas de Gallardón y Botella con las empresas Indra e Iritec.
El contrato que firmó el ayuntamiento fue completamente ruinoso. En diciembre de 2005, con Alberto Ruíz Gallardón en el poder, se firmó un pliego con el fin de crear un "nuevo Sistema Informático de Ingresos Municipales". Las adjudicatarias fueron T-Systems e Indra.
Indra, vinculada con Lezo y Púnica, subcontrató a otra empresa, Iritec, que también se encuentra inmersa en ambos casos de corrupción. Además del sospechoso historial de ambas empresas, llamó aún más la atención la forma en que se realizó el acuerdo.
Al parecer, durante años (hasta que Botella dejó la alcaldía en 2015), las empresas habían estado recibiendo subvenciones del Ayuntamiento con el fin de desarrollar la aplicación. Sin embargo, a pesar de pagar por él, las empresas adjudicatarias nunca le dieron en encargo que el consistorio reclamaba: es decir, se pagó por un trabajo que después no se realizó.
Sin embargo, las empresas sí que aprovecharon para desarrollar un sistema propio que han estado vendiendo posteriormente a otras corporaciones como la de Gijón, algo por lo que Madrid tampoco ha recibido ningún euro.
Según denuncia Público, durante la realización del contrato se violaron todas las normas que establecían los pliegos y se aumentó el coste de manera exponencial: se pasó de 7 millones a 21,7 sin, recordemos, recibir nada a cambio. Otro de los puntos que se incumplieron fue el del plazo de entrega, fijado en 26 meses y sobre el que "no procede una posible prórroga".
Sin embargo y sin ningún tipo de complejo, el ayuntamiento prorrogó año tras año sin que las empresas cumpliesen en ningún momento todo aquello por lo que estaban siendo pagadas. En concreto fueron siete años de prórrogas que no habían sido contempladas en el contrato, ya que el plazo de finalización se estableció en 2008 y, recordemos, se afirmó lo siguiente: "no procede una posible prórroga".
El propio personal del Ayuntamiento había mostrado su descontento
"Yo denuncié a los propios responsables de la administración del Ayuntamiento la chapuza que se estaba haciendo con ese programa, y les advertí sobre el riesgo que se corría si se seguía con ese proyecto" ha confirmado uno de los informáticos que permanece en la plantilla del Ayuntamiento.
Precisamente, el mismo informático acudió al propio despacho de Concepción Dancausa, actual Delegada del Gobierno denunciada por fraude en otro contrato, pero que en dicha época contaba con responsabilidades dentro del Ayuntamiento de Madrid. Lejos de actuar, desoyó las recomendaciones del personal y aumentó la cifra destinada a dichas empresas.
Ante toda esta situación, el informático terminó optando por acudir a la oposición para buscar, al menos, una explicación en el pleno sobre todo lo que estaba pasando. PSOE e IU no quisieron actuar y no hicieron caso a las protestas. Tan solo UPyD, con David Ortega como portavoz, se implicó en todo el suceso.
Sin embargo, su grupo en el pleno era muy débil y no contaba con los medios suficientes para investigar todo lo que sucedía más a fondo. Preguntó en el pleno sobre el contrato y lo que recibieron fue evasivas: "somos entre 50 y 60 personas trabajando en el lanzamiento del proyecto, que esperamos que se ponga en marcha en breve plazo", fue la ´única respuesta de uno de los responsables de la Informática del Ayuntamiento durante aquellas fechas.
El cambio de Gobierno fue determinante
Con la llegada de Manuela Carmena (Ahora Madrid) al Consistorio, se descubrió que el Ejecutivo de Botella había previsto una nueva prórroga del contrato. Los años anteriores se habían mantenido a razón de uno o dos millones anuales. Para 2015, sin embargo, estaban previsto hasta nueve millones de euros.
En vez de continuar con ese contrato ruinoso, Carmena optó por encargar el desarrollo del programa informático al propio personal del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid, el IAM, que desarrolló la nueva herramienta sin ningún coste adicional para la corporación, ya que todos ellos están contratados por la institución.
Frente a los 9 millones presupuestados por Botella para 2015, el consistorio de Carmena está cerrando un contrato para el mantenimiento y desarrollo del hardware por un coste de 890.000 euros con otras empresas distintas a las anteriores. Gracias a ello, el Consistorio puede lograr ahorrar más de 8 millones de euros anuales en dinero público.
Un contrato con muchas sombras
"Yo trabajé en el sistema para una subcontrata de T-Systems aquí en Zaragoza, hasta que en 2009 nos echaron a todos a la puta calle porque el proyecto en sí era una mierda enorme e inúltil. Si verais lo que yo he visto respecto a este tema, le pegaríais fuego al Ayuntamiento de Madrid, a la sede de T-Systems y a la de la subcontrata, eso os lo aseguro", ha afirmado uno de los becarios que trabajó en el proyecto.
El personal que ha criticado este contrato señala a Ricardo Mur, presidente de Hiberus, una empresa creada por Iritec, Comex e Ibercentro.
Al parecer, Iritec fue la principal responsable del fracaso, puesto que había sido subcontratada por T-Systems. Cuando el Ayuntamiento quiso rescindir el contrato con la primera, impuso a Indra subcontratar a Iritec, recordemos, responsable del fracaso.
Algunos de los implicados han afirmado que en paralelo, las empresas implicadas han desarrollado un sistema como el que pedía el Ayuntamiento para distribuirlo en otros consistorios, y del que Madrid no ha recibido una copia, a pesar de que ha estado pagando por todo su desarrollo.
Después de todo este periplo, Ricardo Mur ha convertido a Hiberus en la consultora tecnológica de referencia en Aragón y ha sido elegido como presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Toda una carrera que ha despegado de manera inesperada.
