El rey Juan Carlos ha creado una fundación en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) que tiene como objetivo agrupar todos sus fondos en el extranjero para que sus hijas, las infantas Elena y Cristina, reciban la fortuna en herencia, según ha publicado el diario El Confidencial.
En esta fundación no participa el rey Felipe VI ni tampoco ha tenido ningún papel en su creación. El monarca declaró en 2020 su renuncia a la herencia de su padre después de que varias informaciones aseguraran que era beneficiario de una sociedad 'offshore' creada por el rey Juan Carlos vinculada a una donación de 65 millones de euros en Arabia Saudí.
Todos los trámites desarrollados para la creación de esta sociedad se han realizado con total discreción, explica El Confidencial en su información, para evitar nuevos escándalos que pudieran afectar a la Casa Real tras el archivo de las investigaciones contra el rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza).
La legislación en Emiratos Árabes Unidos facilita la conversión de las fundaciones en una fórmula que permite el trasvase de activos en caso de fallecimiento del titular. Este tipo de sociedades prácticamente están exentas del pago de impuestos y mantienen el secreto en sus normas o estatutos para regular su funcionamiento interno.
Una herencia para las infantas Elena y Sofía
De este modo, el capital del rey Juan Carlos llegaría en herencia a sus hijas. La infanta Elena trabaja actualmente en la Fundación Mapfre con un sueldo de 300.000 euros anuales, mientras que la infanta Cristina percibe un salario de 400.000 euros en la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha determinado que el rey Juan Carlos amasó su fortuna mediante el cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".
Una investigación judicial liderada por Juan Ignacio Campos junto con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un equipo de fiscales del Supremo encontró indicios de que los fondos tenían procedencia ilícita y advertía de, al menos, cuatro posibles delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".
El rey pagó por este motivo 4,4 millones de euros a Hacienda en un proceso de regularización fiscal en febrero de 2021. Se trataba de una declaración voluntaria por rentas no declaradas por valor de ocho millones de euros. El importe estaba relacionado con viajes en aviones privados pagados por la fundación de su primo, Álvaro de Orleans.
El rey empleó esta fundación y otra también impulsada por él para el blanqueo de importantes ingresos, entre los que se encontraba el pago de 52 millones de euros en comisiones que cobró por la venta del Banco Zaragozano, según el diario Público.
De este modo, el monarca aprobó su segunda regularización tributaria. La primera se produjo en diciembre de 2020 por el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado el rey emérito y algunos familiares con el uso de fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
