La Fundación Nacional Francisco Franco sospecha que el Gobierno intentará su legalización en 2023, una vez que ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática, según ha afirmado el presidente de esta entidad, Juan Chicharro, en declaraciones a Europa Press.
La nueva norma, que rige desde este viernes, permite ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, así como enaltezcan a sus dirigentes "con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo", así como aquellas que hagan "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas".
El Gobierno "moverá ficha cuando le interese", considera Chicharro, que calcula que ilegalizará su fundación, que enaltece abiertamente la dictadura, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2023 o bien antes de las generales de finales del próximo año.
Con el objetivo de garantizar la supervivencia de la organización que preside, espera que la ley se declare por tanto inconstitucional y se ha mostrado convencido de que VOX impulsará un recurso para tal efecto. Sin embargo, se ha mostrado poco convencido de que el PP vaya a hacer lo mismo.
Hasta la fecha, la Fundación Franco no ha recibido ninguna notificación que anuncie su próxima extinción, ya que antes se debería iniciar un proceso judicial, según establece la ley. Chicharro ha avisado, sin embargo, que si intentan legalizarles recurrirán el proceso ante los tribunales y se ha mostrado "muy tranquilo" porque, según defiende, tiene argumentos para que los jueces les den la razón.
Bienes de la fundación
En cuanto a los bienes de la fundación, sobre todo el archivo documental, la ley establece que irán principalmente destinados a las fundaciones o entidades no lucrativas privadas que decida el patronato de la propia fundación extinguida.
Si no se lleva a cabo este movimiento, el proceso quedará finalmente en manos del Protectorado de Fundaciones, un organismo que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, que puede nombrar un liquidador que recibirá una retribución a cargo del patrimonio de la fundación.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha explicado a Europa Press que corresponde al Patronato de Fundaciones "instar judicialmente" a la extinción de una fundación y que el órgano judicial podrá acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que finalmente dicte la sentencia. Además, podrá tomar medidas cautelares si lo considera necesario para que se puedan suspender las actividades.
Sin embargo, no aclaran qué fundaciones pueden ilegalizarse y si entre ellas se encuentra la Fundación Nacional Francisco Franco. Lo único que destacan es que la norma afecta a cualquiera que no persiga fines de interés general o realice actividades contrarias al mismo, como indica la ley.
Sobre esta cuestión, precisan que se considera contrario al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, en los términos citados previamente.
