Una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez es la reforma de la Ley de Memoria Histórica que ampliará la norma aprobada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. El texto que propone el PSOE, cuya tramitación parlamentaria arrancará este otoño, consta de 19 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.
El texto equipara "la dictadura o la figura del dictador Franco" con "el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas". Además, pretende "excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización que ensalce o defienda" todo lo relacionado con la dictadura y recoge la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).
Ante esta tesitura, desde la Fundación reconocen confiar plenamente en VOX para asegurar su supervivencia. Según ha expresado el presidente de esta organización, el general Juan Chicharro Ortega, a El Español, esperan que el partido de extrema derecha "presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional" porque, según sus palabras, "nadie puede, con arreglo a la Constitución, hacernos pensar distinto de como pensamos".
"En principio no debería preocuparnos. Con arreglo a la Constitución española es imposible que se nos ilegalice, aunque con este Gobierno socialcomunista todo puede ocurrir", ha apuntado Chicharro. "Además, esa Ley de Memoria debe seguir un trámite parlamentario. Ahí cabría esperar que, como es inconstitucional, VOX presentara un recurso", zanja.
Financiación de la Fundación Franco
La Fundación Nacional Francisco Franco nació el 8 de octubre de 1976, casi un año después de la muerte del dictador. Según reflejan sus estatutos, pretende "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos".
Durante la legislatura de José María Aznar, la Fundación dedicada al dictador recibió durante cuatro años subvenciones públicas. Entre el año 2000 y 2003 la asociación obtuvo 150.845,77 euros. Esta significativa cantidad de dinero fue utilizada, supuestamente, para digitalizar 30.000 documentos que procedían del despacho y de las dependencias personales del dictador. Sin embargo, hubieron otro tipo de gastos. El dinero no fue destinado solamente para ese proceso técnico, sino que también se utilizó para la mejora de las instalaciones de la propia Fundación.
Esta fue la última subvención recibida y desde entonces, según afirma Chicharro, "la Fundación se financia exclusivamente con las cuotas de los afiliados". La FNFF está dirigida por un patronato de entre 40 y 50 miembros y cuenta con unos 1.500 socios. Su presupuesto anual ronda los 100.000 euros conformado por las donaciones particulares, los beneficios del merchandising y los derechos de algunos libros publicados.
