Juan Rivas ingresó el pasado 11 de junio en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir la condena de dos años y medio de prisión por sustracción de menores que la justicia impuso por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017.
Pero el día 15 del mismo mes, Rivas pudo abandonar el CIS ya que, a propuesta de la Junta de Tratamiento de ese centro, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias clasificó a la interna en tercer grado y le aplicó el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario por lo que termina de cumplir la pena en casa con pulsera telemática.
Enfrentados por el indulto
A su vez, la defensa de Juana Rivas ha solicitado al Gobierno el indulto total, algo a lo que Francesco Arcuri, su expareja y padre de sus hijos, se opone. La defensa del italiano en España ha trasladado al Juzgado de lo Penal número 1 de Granada y a la Audiencia Provincial su oposición a que se le conceda el indulto en cualquiera de sus modalidades, al entender que no cumple "ninguno de los requisitos que dispone la ley" y que "su concesión sería un capricho ideológico de imprevisibles consecuencias".
Enrique Zambrano, legado de Arcuri, mantiene que conceder el indulto a Rivas supondría excusarla "injusta y públicamente" a ella y a la par "condenar (injusta, públicamente)" a su cliente, sin tener en cuenta" las "más de 90 resoluciones judiciales que desde 2016 se han generado entre la jurisdicción española e italiana" que "repelen" el relato de la madre de Maracena.
Ella, por su parte, alega que delinquió por un motivo "comprensible desde el punto de vista humano" como es "proteger a sus hijos" y se fue de Italia con ellos, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, para huir de los malos tratos.
La defensa de Arcuri insiste en su escrito en que "los juzgados y tribunales italianos han archivado todas y cada una de las denuncias que Rivas interpuso en España e Italia, en relación a supuestos malos tratos, que decía haber sufrido ella, primero, y después sus hijos, una vez efectiva la custodia en dicho país transalpino".
Mantiene así que darle el indulto "también generaría que el Gobierno español pusiera en duda la Justicia de otro país de la UE, Italia, con sus propias consecuencias". Añade que Juana Rivas "no solo no ha mostrado ni el más mínimo arrepentimiento, sino todo lo contrario".
"El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública. Ninguna encontramos en este asunto, más allá de la meramente ideológica o de criminalizar a mi representado o sea condenarlo, sin condena alguna, sino todo lo contrario, más cuando la justicia competente, la italiana, ya se ha postulado al respecto sobre hechos anteriores y posteriores al momento de la sustracción" de los niños, agrega el letrado.
