El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble.
Según considera magistrada Marta Canales, el Pazo de Meirás fue entregado a Francisco Franco como jefe del Estado y no a título personal, lo que había permitido que se mantuviese en manos de la familia desde 1975, cuando muriño el dictador.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la jueza María Canales considera que la operación de compraventa de mayo de 1941 con la que el dictador consiguió que se inscribiese la propiedad a su nombre fue simulada, de manera que se determina "la nulidad de la misma".
El juicio sobre la devolución del pazo de Meirás acabó el pasado 9 de julio en A Coruña con el representante de la Abogacía del Estado, Javier Suárez, reclamando "justicia histórica", pues consideraba que la devolución al patrimonio público supondría una pequeña reparación frente a los abusos de la dictadura.
De mala fe
Respecto a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada entiende que no cabe, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".
Esa mala fe se materializa "cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe do Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno".
Además, según recuerda la jueza, el Estado asumió todo los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que "el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo".
Al entender que la propiedad del Pazo corresponde al Estado, la jueza declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de las fincas que se recoge en una escritura de noviembre de 1982. La sentencia no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
