La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, habría sido la persona clave a la hora de ejercer influencia y repartir directrices que la Justicia actualmente esta distribuyendo a Francisco Granados.
Así al menos lo ha asegurado el que fuera alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003 en sede judicial y por ello ha reclamado la comparecencia de Aguirre en el juzgado.
Cierto es que el epicentro de la Púnica en la Comunidad de Madrid ha incidido especialmente en la localidad de la que Granados ha sido alcalde, donde al menos otras tres personas de la corporación permanecen imputadas, entre ellos el exalcalde José Carlos Boza. Y que la influencia de Granados en el consistorio había sido más que notable, incluso, tras su marcha.
Pero junto a todo ello, hay que destacar que Francisco Granados abandonó Valdemoro para pasar a ostentar el cargo de Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Este puesto equivaldría al de vicepresidente de un Gobierno. El hecho de que Aguirre le posicionase en tal importante cargo durante prácticamente todo el tiempo en el que ella permaneció al mando de la Comunidad, indica que la relación entre ambos era, de al menos, estrecha confianza. Esperanza Aguirre aún no se ha pronunciado.
Papel en el PP madrileño
Granados también fue la mano derecha de Aguirre en el PP madrileño. Entre 2003 y 2011 pasó a ocupar el cargo de secretario general bajo el mandato de la presidenta Aguirre. Durante todo ese tiempo, los alcaldes de Valdemoro, Collado Villaba, Móstoles, Moraleja de Enmedio o Torrejón de Velasco pudieron haber recibido mordidas de varios contratos amañados, según ha asegurado la Fiscalía.
Quien designó y mantuvo en el cargo a dichos alcaldes fue el PP madrileño, que designa "a dedo" a sus candidatos para las diferentes alcaldías. Granados asegura que él no tenía la última responsabilidad en estas elecciones.
Sin embargo, aún llama más la atención otra de las acusaciones que dirige contra la expresidenta: "Que indique qué influencia pudo ejercer -Granados- sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO". En este caso, Granados llega a apuntar, por ejemplo, a los "conciertos con los colegios", algo que ha sido señalado en la pieza sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid como una de las vías de financiación de la formación regional.
Granados da nombres, y señala al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua repsonsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga.
Dos de los señalados están en el equipo de Cifuentes
Granados señala también en su declaración a Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente en el gobierno de Cristina Cifuentes. Taboada ya había sido señalado por Marjaliza por su actuación como directos general del Territorio y presidente de la empresa pública que administra el suelo.
Se trata de la segunda persona, por tanto, que señala al actual consejero, lo que podría desestabilizar el gobierno regional. Granados ha pedido que declare ante la justicia y en una hipotética imputación, debería dimitir tras el acuerdo firmado con Ciudadanos. La división de fuerzas en la Asamblea es de tan solo un diputado, por lo que si alguien del PP pasase al Grupo Mixto, PP-C's y PSOE-Podemos empatarían en escaños. La presidenta ha defendido, mientras, de manera cerrada a su consejero.
Esta situación se agravaría tras señalar al exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, actual diputado regional y estrecho colaborador de Aguirre en el pasado. Marjaliza le acusó directamente de haber cobrado 60.000 euros de una mordida, una información a la que la UCO dio toda la credibilidad. Granados pide que él declare por estos hechos.
Francisco Granados, dos años en la prisión que inauguró
El exconsejero de presidencia lleva detenido desde octubre de 2014 en medio de una macrorredada relacionada con la Operación Púnica, en calidad de prisión preventiva. Desde entonces permanece en la cárcel de Estremera -que en el pasado inauguró- con el fin de que la fase de instrucción finalice y pueda comenzar su juicio.
Granados podría haber blanqueado grandes cantidades de capitales y haber cobrado importantes mordidas en la gestión del suelo cuando era alcalde de Valdemoro. El juez ha llegado a asegurar que contribuyó a crear una trama criminal desde su puesto en el Gobierno madrileño.
Los delitos serían blanqueo de capitales, pertenencia a un grupo criminal, desfalco a la Agencia Tributaria, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación o fraude. Cuando comience la pieza del caso se conocerán los cargos concretos que se le imputan.
