El debate sobre la abolición de la tauromaquia ha llegado a Francia. Será el jueves 24 de noviembre cuando la Asamblea del país galo vote una cuestión que divide al país y a los partidos políticos, por lo que muchos de ellos han dado libertad de voto a sus diputados.
Es en el sur de Francia donde las corridas de toros cuentan con más defensores pues en una decena de provincias de Aquitania, Provenza y Occitania se sigue considerando una seña de tradición. Por el contrario, sus opositores no dudan en señalar que se trata de maltrato animal.
El Código Penal francés ya incluye una medida que impide cualquier acto de crueldad con los animales, pero una derogación aún permite las corridas de toros en unas 50 ciudades del sur del país, donde existe una "tradición local ininterrumpida", según recoge el texto.
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— Ensemble pour l'abolition de la corrida (@Pourlabolition) November 20, 2022
La propuesta parte de un diputado ecologista, Aymeric Caron, integrado en el grupo parlamentario de Nupes, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social que aglutina a toda la izquierda y que comanda Jean-Luc Mélenchon, aunque dentro de la propia coalición hay diferencias.
Cabe recordar que el pasado mes de julio, el Consejo de Estado dictaminó la eliminación definitiva de la tauromaquia del inventario del patrimonio cultural inmaterial de Francia. Por su parte, una encuesta reciente elaborada por el Instituto Francés de Opinión Pública ha apuntado que el 74% de los franceses son favorables a su prohibición.
La votación
No está muy claro si prosperará la propuesta. La coalición izquierdista Nupes suma 151 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, por lo que la iniciativa, en caso de que pase a la fase de votación, necesitaría del apoyo de otros grupos. El partido del Gobierno, que cuenta con una mayoría relativa de 266 diputados, ha avanzado que se opondrá, argumentando que es una tradición muy popular en algunas zonas del país. Sin embargo, desde Agrupación Nacional, la extrema derecha, algunos miembros han anunciado que votarán a favor.
Si se acepta lo propuesto por los ecologistas en la Asamblea, el veto deberá ir luego al Senado, con mayoría de derecha, antes de regresar a la Asamblea y lograr su aprobación. También el Consejo Constitucional deberá pronunciarse, organismo que ya reafirmó en 2012 la legalidad de los toros en las zonas con tradición.
