El Tribunal Supremo ha tenido que pararle los pies a VOX y al PP por tratar de convertir a los tribunales en un escenario más con el que hacer oposición al Gobierno de coalición. Lo ha hecho en dos sentencias que rechazan a ambos partidos como legitimados para pedir que se anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
"Ni la jurisdicción contencioso-administrativa ni la Sala Tercera son el lugar adecuado para dirimir controversias de carácter político", rezan las sentencias, apuntando que hay otras vías para recurrir ese nombramiento. De esta forma los magistrados intentan evitar convertirse en una tercera cámara que corrija decisiones políticas.
La sentencia subraya que los partidos políticos no pueden ejercer una constante acción popular contra los actos del Gobierno.Permitirles recurrir asuntos como el nombramiento de Delgado, lanza la sentencia, supondría "una legitimación universal para impugnar cualquier acto que tuviera naturaleza, incidencia o repercusión política" y eso "equivaldría a establecer, en definitiva, una acción popular de carácter político, ayuna de cobertura legal". El control al Gobierno, recuerda el Supremo, se ejerce a través de diputados y senadores pero no necesariamente a través de los tribunales.
Del ruido al silencio
En esta estratega, VOX se lleva la palma. Su estrategia sigue siempre el mismo patrón: diseñan querellas, recursos, personaciones en casos mediáticos o sensibles a sus intereses que anuncian a bombo y platillo, utilizan a los medios de comunicación para presentarse como únicos valedores de la justicia, retransmitiendo cada paso de cada causa, pero cuando sus acciones judiciales fracasan, guardan un absoluto silencio.
Cuando sus pleitos prosperan, como ha sido el caso del estado de alarma, que primero pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez y luego impugnaron en el Constitucional, que ha acabado dándoles la razón, inundan las redes con su propagando. Pero pese al ruido que montan, lo cierto es que estos casos son la excepción ya que habitualmente, el resultado de toda su artillería legal no tiene más consecuencias que la inadmisión de sus acciones y el pago de las costas con cargo al partido.
Son varias las veces que el Supremo ha dado un tirón de orejas a la formación de Santiago Abascal por presentar recursos que ni siquiera estaban legitimados para presentar. Es el caso de su intento por impugnar el nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo mismo pasó con el consejero Carlos Aguilar.
Más famosa fue la campaña desplegada por VOX en contra dela Orden del Consejo de Seguridad Nacional contra la desinformación de 2020. Desde la extrema derecha gritaron que se trataba de un "Ministerio de la Verdad" y se rasgaron las vestiduras ante la idea del Gobierno de combatir los bulos y las fake news. Pero todos aquellos aspavientos se quedaron mudos cuando la justicia rechazó su recurso.
Pese a que en otros casos sí que estaban legitimados para presentar recursos, el Supremo acabó desbaratando sus planes con su correspondiente condena en costas. Por ejemplo, en el que VOX presentó contra la exhumación de Franco o contra la decisión de la Junta Electoral que les obligó a permitir el acceso de periodistas del grupo PRISA a sus actos electorales de la campaña de 2019.
Las querellas tramitadas por la vía penal también son celebradas con estridencia por VOX y, de igual manera sus inadmisiones las guardan en un cajón como si no hubiese pasado nada. Hasta ocho iniciativas penales del partido han sido frenadas por el Tribunal Supremo sin ni siquiera abrir una causa, al entender que no había indicios de delito.
Pedro Sánchez, Dolores Delgado, José Luis Ábalos por el 'caso Delcy', Pablo Echenique por escribir un tuit, la ministra Reyes Maroto, el expresident Quim Torra o Ione Belarra por delito de odio, han sido algunos de los objetivos de VOX que han acabado en nada.
Uno de los más llamativos fue la cruzada de la formación ultra en contra del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska por los disturbios durante un mitin de Abascal en el distrito madrileño de Vallecas. VOX lo culpó de permitir los altercados. Sin embargo, el Tribunal Supremo inadmitió la querella presentada, al igual que sucedió con la presentada contra Reyes Maroto por enseñar la navaja ensangrentada que enviaron a su despacho en las últimas elecciones madrileñas. Denuncias fracasadas que vOX prefiere silenciar.
