La proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament supuso la activación del artículo 155 de la Constitución, la intervención de la autonomía, la destitución del Govern y la imputación de todos sus cargos por los delitos de rebelión y sedición.
Una de las imputadas es la expresidenta de la cámara autonómica, la republicana Carme Forcadell. La política fue responsable de alterar el funcionamiento de la Cámara para permitir la declaración de independencia y fue la encargada de leer el manifiesto en el que se refrendaba la DUI.
Ahora, en una complicada situación judicial, su defensa ha propuesto cambiar su argumentación. Forcadell ha comparecido ante la Justicia y no ha dudado en renegar de la independencia en hasta 20 ocasiones en tan solo cuatro minutos.
En preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, la expresidenta repitió hasta 14 veces que la DUI fue una "decisión política", otras cuatro la calificó de "simbólica", dos más la despojó de "efectos jurídicos" y la última la despojó de cualquier "efecto practico".
Sus palabras provocaron cierto estupor ante la magistrada, sobre todo teniendo en cuenta que la propia lectura del manifiesto aprobado por el Parlament instaba a la activación de la Ley de Transitoriedad para la creación de estructuras de Estado que permitieran la proclamación de la República catalana.
Aunque nadie retiró la bandera de España que corona la Cámara autonómica, gran parte de los pueblos catalanes se vieron amparados por la lectura de este manifiesto. Y no hay que olvidar que el propio Puigdemont proclamó una república que posteriormente quedó suspendida: no llegó prácticamente al minuto de duración.
"El mandato del 1 de octubre"
La decisión del Parlament se realizó en contra de los consejos de los propios servicios jurídicos de la Cámara, lo que supone que los miembros que participaron de esta decisión tenían pleno conocimiento de que estaban cometiendo una legalidad.
Además, los responsables políticos se ampararon en cumplir el "mandato del 1 de octubre". La votación, a pesar de contar con serias deficiencias, como la falta de censo o la participación duplicada de algunos votantes, explicitaba como respuesta afirmativa la separación de España. Por ello, y con un resultado a la búlgara, se sobreentiende que sus miembros sí que proclamaron una república si se atienen al "mandato del 1 de octubre".
Por último, la defensa de Forcadell se ampara en que la proclamación de la DUI no tuvo efectos jurídicos y no se publicó en el Boletín Oficial de la Generalitat. Sin embargo, se obvia que no tuvieron la oportunidad porque el Gobierno central disolvió el Parlament y destituyó al Govern tras estos hechos.
Mientras tanto, la Justicia mantiene su imputación a la cúpula del procés por malversación de caudales públicos, rebelión y sedición. Los letrados tienen constancia de que la antigua Generalitat empleó el dinero del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica (que sirve como rescate para las cuentas de las comunidades autónomas con problemas de solvencia). Este desvío constituye un delito, teniendo en cuenta que la ley especifica el único uso que se puede aplicar a esta caja.
